El informe del servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha propuesto a la comisión disciplinaria archiva la información previa abierta en el caso del magistrado de la Audiencia de Sevilla Javier González Fernández porque la posible falta disciplinaria que puede atribuírsele por dictar la sentencia de Santiago del Valle dos años y medio después ha prescrito, tal y como adelantó esta semana Diario de Sevilla.

A pesar de la propuesta de archivo, el informe del inspector es contundente al afirmar que la actuación de la Sección Séptima de la Audiencia hispalense evidencia un incumplimiento de especial trascendencia porque significa una "pasividad alarmante (dos años y siete meses) en un momento procesal de extraordinaria importancia como es el dictado de la sentencia".

El servicio de inspección añade que no hay constancia en el procedimiento penal "motivo o razón alguna que haya podido impedir o dificultar a los magistrados resolver el recurso de apelación" contra la sentencia que condenó en primera instancia al pederasta Santiago del Valle. El inspector no encuentra explicación porque, según relata, en el resto de los casos que tramitaba la Sección Séptima de la Audiencia Provincial se estaban dictando las sentencias con poco más de un mes de demora.

A la hora de buscar posibles responsabilidades disciplinarias, el informe señala que el entonces presidente de la Sección Séptima, el magistrado Antonio Gil Merino -jubilado en abril de 2007- "debía haber vigilado el cumplimiento de los plazos procesales y, sin embargo, pese a haber transcurrido dos años y siete meses desde la deliberación del asunto, no alertó al ponente -el juez Javier González- para que dictara la sentencia". El informe señala que, al haberse jubilado el presidente de la Sección Séptima, no cabe ya proceder a realizar ningún pronunciamiento disciplinario sobre el juez Antonio Gil Merino.

En el caso del ponente, el inspector sí que aprecia una falta disciplinaria "muy grave" de desatención -la misma que se atribuye al juez Rafael Tirado-, pero señala que la posible infracción ha prescrito, al haber transcurrido más de dos años desde que se dictó la sentencia de apelación, el 30 de diciembre de 2005.

El magistrado Javier González alegó que la dilación en el dictado de esta sentencia se produjo como consecuencia de su retraso a la hora de "someter a deliberación con los demás miembros del tribunal colegiado los dos recurso interpuestos" y explicó que esa demora obedecía, en parte, al volumen de asuntos que tramitaba la Sección Séptima en esa fecha.

El magistrado también sostuvo que el tribunal supera los módulos de ingreso y salida de asuntos que establece como adecuados por órgano y año el Consejo General del Poder Judicial.