Sara Casas, la joven de 24 años que perdió la tutela de sus tres hijos en 2006, ampliará a dos horas a la semana los contactos con ellos. Esto supone que la madre podrá ver a sus hijos el doble de tiempo que antes se le permitía, ya que hasta ahora sólo podía verlos dos horas cada 15 días, según una resolución del juzgado de familia de Sevilla.

La juez tomó esta decisión para "facilitar el reagrupamiento de los menores con su madre", teniendo en cuenta que las visitas son beneficiosas para los niños y que "la evolución de Sara es favorable", según informa un comunicado de la Asociación pro-Derechos Humanos de Andalucía (AP-DHA).

El juzgado de familia ha decidido ampliar las visitas con sus hijos, que eran de una hora y media cada quince días, pese a señalar que "Sara sigue necesitando apoyo y debe afianzar las habilidades educativas que va adquiriendo lentamente".

La decisión de la juez se ha producido ahora que la Junta ha iniciado el proceso para que los menores sean acogidos de manera permanente al entender que la madre es joven, "carece de estabilidad y seguridad personal" y "no posee una red de apoyo familiar y social". La madre pasó desde los 6 a los 18 años en centros de protección y en octubre de 2006, perdió la tutela de sus hijos, una niña de cuatro años y dos gemelos de dos años y medio.

La Asociación pro-Derechos Humanos de Andalucía ha negado los problemas mentales de la joven que aduce la Junta y atribuye su situación a la falta de apoyo que tuvo durante todo el tiempo que estuvo bajo tutela de la administración y con posterioridad. La APDH-A estima en su comunicado que "Sara está plenamente capacitada para atender a sus hijos, independientemente de nuestra opinión sobre su situación". También señalan que "si los servicios sociales emplearan la mitad de los recursos que se utilizan para retirar los menores, en ayudar y apoyar a las madres con necesidades, el número de retirada de menores descendería de forma importante".

La asociación, califica de "doloroso y altamente injusto" que los servicios sociales actúen "como si fuesen un observatorio encargado de medir las cualidades, actitudes y posibilidades de las madres" y no presten "la ayuda necesaria para respetar e implementar uno de los principales derechos de los menores, el de criarse en su familia".

El abogado de Sara, José Antonio Bosch, explicó que no percibe que "la Junta y el juzgado caminen en la misma dirección, porque pase a la resolución es un paso importante para el reagrupamiento familiar, en la Junta no se trabaja en la misma línea" y advirtió que "como consecuencia de esta divergencia de intereses, se puede producir una lesión grave, pues todo el tiempo que pasen los menores sin la madre complica las soluciones de retorno" y dijo que si las posturas no convergen "se va a terminar haciendo daño a los niños y vulnerando tanto sus derechos como los de la madre".