Luis Enrique Flores Domíngues, secretario general del Ayuntamiento de Sevilla

"El político que reduce los controles abona el campo a los aprovechados"

  • Su vocación por lo público se fraguó en su Pilas natal y le llevó a ir en las listas de UCD a las primeras elecciones locales con sólo 18 años. Desde hace cuatro años ejerce desde la Plaza Nueva una función clave para defender el principio de legalidad en la gestión de un Ayuntamiento objeto de investigaciones judiciales por cuestiones administrativas y políticas.

DESDE febrero de 2007 ejerce en el Ayuntamiento de Sevilla. Ha hecho carrera como secretario en Huévar, Sanlúcar, Bollullos y Coria. Nacido hace 50 años en Pilas, su esposa, Concha Horgué, se dedica a lo mismo, como secretaria general de la Universidad de Sevilla. Viven cerca de la Macarena y tienen tres hijos. Ha sido 24 años profesor de Derecho Administrativo en la Hispalense. Se siente orgulloso de la educación que recibió en el seminario que fundó Bueno Monreal en Pilas, "me llenó del humanismo cristiano del Concilio Vaticano II.

-¿Conoce bien Sevilla o sólo lo que se cuece en la Plaza Nueva?

-Me la pateo mucho, me encanta andar y ver la realidad sobre la que debo operar jurídicamente. Por ejemplo, un paseo desde León XIII hasta el Cerezo es un cambio continuo de mundo, de un barrio a otro. Me pongo mis zapatillas y lo mismo voy a ver las obras del Pabellón de la Paz, y sé realmente si están o no terminadas, que a Triana por los asentamientos rumanos. Los funcionarios y los políticos deberían salir más a la calle. Y relacionarse más con el vecindario. Sin dar pie al chalaneo. Desde que trabajo en el Ayuntamiento de Sevilla, han aparecido como por arte de magia muchas personas que dicen ser amigos de mi padre, ya fallecido. Intentando recuperar la caseta de Feria, y cosas así.

-Por su función, forma parte del consejo de administración de Mercasevilla. ¿Cómo no se dieron cuenta de tantas falsedades?

-Las cuentas estaban auditadas por Price Waterhouse. ¿Qué reparo iba a poner? ¿En alguna empresa de España un consejero pide todas las facturas para repasarlas, si tienen ese tipo de auditoría?

-¿Nadie de dentro les alertó?

-No sólo no alertó nadie, aquello era una loa permanente. Allí había abogados del Estado, interventores, técnicos. Fuimos a comer para celebrar un balance con 283.000 euros de beneficio. Como había dinero, dentro de la Fundación Mercasevilla creamos un foro jurídico, y trajimos al juez Garzón, entre otras personalidades. Si me llego a oler lo más mínimo... No iba a ser tan imbécil para ponerme a gastar... Pues igual que yo, los demás. Si hasta el PP felicitó por el balance económico y el cambio de rumbo de la empresa. Si los empresarios de La Raza no se hubieran ido al juzgado, todavía estaríamos bajo el montaje de la maravilla más absoluta. La Junta estaría pagando el ERE, habría dinero porque Sando no hubiera dejado de pagar por la opción de compra de los suelos, etc. Nos engañaron.

-¿Por qué se permitía la intervención de intermediarios para la regulación de empleo?

-De los intermediarios me enteré por la prensa. No entiendo qué función cumplen, si para eso están la empresa, el comité de empresa, la Junta y el Cercla.

-¿Observa más duplicidades dentro de la Administración?

-Sí, la moda de duplicar costes encargando estudios de asesoramiento externo a consultoras y bufetes, a ser posible con nombre rimbombante. La mayoría los podrían hacer, y gratis, los jefes de servicio. Hay que reducir esa inercia a sus justos términos, cuando un problema sea de tal calibre que desborde la capacidad de la Administración. Lo contrario es desmotivar a tus técnicos, que ven el informe externo, se dan cuenta de que lo podían hecho igual o mejor, y gratis, pero le ha costado al erario público 20.000 o 30.000 euros.

-¿Son muchas las ocasiones en las que convence a los políticos, con o sin su informe, de que desistan de un plan preconcebido?

-Sí, muchísimas. Menos meter la mano en la caja, todo se puede hacer conforme al Derecho. A lo mejor el camino es más tortuoso y lento, pero más eficaz y vas a llegar con todas las garantías. El problema llega cuando el político no consulta y te desayunas el lío en los periódicos. Adoptar el criterio de la inmediatez, para resolver un problema como sea, lleva a abandonar los procedimientos. Y, antes o después, siempre surge un despabilado que ve que se han debilitado los controles y es campo abonado.

-¿La falta de controles es la antesala de la corrupción?

-Sí, y el aprovechado acaba envolviendo al alcalde, al funcionario, etc. Sacrificar los controles en aras de la eficacia debe ser un remedio muy excepcional. Es muy peligroso el político que se entusiasma con el he arreglado esto en dos minutos, qué contenta está la gente en el barrio. Se viene arriba y empieza a utilizar esa norma. Aparecerá tarde o temprano el listo de turno que se aprovechará... y entonces se verá atrapado el propio político. En los distritos, el riesgo era muy grande, porque un contratista se daba cuenta de que nadie preguntaba ni controlaba.

-¿Funcionan mejor los distritos municipales después de las facturas falsas en el Macarena?

-El cambio ha sido radical y para bien. Se definieron claramente las competencias, se dotaron de un jefe de sección, y ya no disponen de esos fondos polémicos, los célebres anticipos de caja fija, del tipo te doy 100.000 euros y ya me los justificarás. Se llegaron a dar anticipos de 600.000 euros. Si los distritos van a asumir más funciones, hay que redefinir sus competencias y los medios humanos que necesitan. Esto no supone contratar más personal, e incurrir de nuevo en la duplicidad. Si se les transfiere la gestión deportiva, pues sobrará gente en el IMD y que sean destinados a los distritos. Si esa es la apuesta política, adelgacen los servicios centrales municipales. Lo que no valen son los modelos híbridos.

-¿Por qué se tarda tanto en tramitar la apertura de un local?

-Concurren varios factores. La gran producción normativa provoca muchas veces confusión. Basta que en la cadena administrativa alguien se retraiga un poquito para que el efecto del retraso sea multiplicador, no es que se retrase aquí dos días y al final son dos días. Por otra parte, no todas las solicitudes y proyectos que se presentan en la Administración son impecables. Podría poner todo tipo de casos. Los que piden licencia para veladores sin tener siquiera la licencia de apertura. O los que han tardado nueve meses en recoger la licencia de apertura, que ya estaba expedida, su técnico no se ha molestado en ir. Pero llaman a la prensa para sacar este titular: "Jóvenes emprendedores pierden una subvención por culpa del Ayuntamiento".

-¿La Administración está sobredimensionada?

-Hay que reducir la Administración porque su tamaño entorpece más que agiliza. Una definición clara de las competencias de cada uno es lo que más contribuye a la eficacia, porque de naturaleza somos buenos para escaquearnos. En las zonas de sombra sobre quién se ocupa o no de un área de gestión, la inercia es cubrir sólo la parte del círculo más cercana. Y el expediente en zona de sombra se pierde en la noche de los tiempos.

-¿Qué propone para reformar la función pública?

-El aprovisionamiento de recursos humanos es muy defectuoso. El proceso para cubrir un puesto de policía o bombero puede tardar hasta cinco años. Mientras, tiras de alguien que conviertes en personal laboral. Y una vez que está dentro varios años, quiere consolidar su situación. Igual pasa con otros técnicos o funcionarios. Todavía la oferta de empleo del 2008 no ha terminado los exámenes en el Ayuntamiento. Y empiezan a superponerse contratos. Es insostenible para una empresa. Es cíclico el proceso de cacerolada y consolidación. Y tampoco tiene sentido el modelo de examen. En la reforma que se ha aprobado para la Administración autonómica, hay un peligro claro de parálisis en la gestión por falta de concreción en las competencias de cada cual. El funcionario dirá: Esto, que lo haga el de la agencia pública. Y viceversa. La hipertrofia provoca ineficiencia.

-¿Qué opina de la negociación laboral en el Ayuntamiento?

-Frente al sindicalismo de clase, que ha perdido un poco el norte, ha emergido un sindicalismo de profesión que es más peligroso. El de los controladores aéreos, los policías, los bomberos,... Se pierde la perspectiva global. Y si uno de esos colectivos logra condiciones especiales, todos los demás van al rebufo. Es una carrera hacia el Y de lo mío, ¿qué?. Con subidas salariales insostenibles.

-¿Hay tambien otro tipo de funcionarios díscolos?

-Me sorprende que se hable poco de los muchos funcionarios propensos a meterse en la toma de decisiones políticas. Sólo criticamos desde la función pública la intromisión ilegítima del poder político en la función pública, pero la intromisión ilegítima de la función pública en la política es mucho más sutil y mucho más dañina. Es el no te lo tramito porque no me gusta y te voy a entorpecer. Y es muy difícil de probar. Es el no ejecuto con celeridad. La falta de neutralidad administrativa de los gobiernos es clarísima, hasta con la fiscalía. Pero la falta de la neutralidad política desde dentro de la Administración también la hay, aunque no deje rastro.

-Modificar el contrato del Metropol Parasol, con su construcción iniciada, ¿es ejemplo de cómo encajar en Derecho cualquier cosa?

-No hay en España ningún proceso constructivo de estas características que haya tenido menos dificultades que éste. El problema es si en Sevilla lo queríamos o no. En Santiago de Compostela pasó con la Ciudad de la Cultura de Eisemann. En Zaragoza, el pabellón puente de Zaha Hadid costó un 400% más. En Valencia, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Calatrava ha funcionario bien a pesar del gran desvío sobre el presupuesto inicial. Y en Bilbao también fue polémica la construcción del Guggenheim de Gehry. Pero fíjese en cómo otras cosas pasan desapercibidas. La desviación en la restauración del Palacio de San Telmo ha sido del 130%. ¿Y el desvío en Fibes? El Metropol debió pararse en el 2007 cuando se descubre que no vale el proyecto técnico para construirlo. Pero si no se para, y se embarca a la constructora Sacyr en un largo proceso de buscar soluciones, con infinidad de gastos y viajes,... Pues hubo que hacer un informe jurídico para justificar, por razones de interés público, la modificación del contrato, y elevar el presupuesto en 30 millones más. Fui el primero que en el Ayuntamiento dijo que era una modificación sustancial del contrato, y que el Consejo Consultivo de Andalucía lo criticaría.

-¿Cambiará el contrato de explotación de la Encarnación, adjudicada a Sacyr 40 años?

-Antes del minuto uno no podemos empezar a modificar las reglas. Hay que esperar varios años y ver qué equipamientos, actividades y espectáculos introduce Sacyr. Sería suicida gastarse cien millones de euros para acabar teniendo un puesto de helados, un chiringuito y una hamburguesería. La escalinata grande está llamada a convertirse en cita de botellona fija.

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