Un jurado popular enjuiciará en enero de 2018 a un letrado que está acusado de un delito de cohecho por su intervención como administrador concursal en un concurso de acreedores, y aunque la Fiscalía pide su absolución al estimar que los hechos no constituyen ninguna infracción penal, la acusación particular reclama penas de hasta cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 54.000 euros, así como una indemnización de 6.000 euros.

La Fiscalía explica en su escrito de conclusiones que los hechos tuvieron lugar con motivo de la declaración de una empresa en concurso de acreedores en marzo de 2014, siendo nombrado el abogado acusado como administrador concursal. Dice el fiscal que el administrador de la empresa y el letrado mantuvieron varias reuniones en las que el acusado “pidió el pago de sus honorarios, no con cargo a la masa del concurso, sino directamente” al administrador de la empresa, pretendiendo el pago de 4.500 euros como honorarios para informar de la “insuficiencia de bienes del concurso para hacer frente a las deudas que la sociedad tenía contraídas”, manteniendo una conversación telefónica el 30 de abril de 2014 sobre esa pretensión, “cuando el informe en cuestión ya había sido presentado ante el juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla anteriormente a esa conversación”, en concreto, un día antes.

En una posterior reunión, el 19 de mayo de 2014, ya en el despacho profesional del letrado, éste le manifestó que el dinero al que se refería “lo era como honorarios”.

El Ministerio Público considera que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que solicita la libre absolución del letrado.

En cambio, la acusación particular considera que los hechos son constitutivos de un delito de cohecho, por el que pide una condena de entre tres y cuatro años de cárcel para el letrado, el pago de una multa de 54.000 euros, y otros 6.000 euros para el administrador de la empresa concursada por los “daños y perjuicios de carácter moral” causados.

La acusación particular recoge que el letrado mantuvo múltiples reuniones y conversaciones telefónicas con el administrador de la empresa, en las que el acusado le solicitó directamente el pago de sus honorarios, entre 3.000 y 4.500 euros, y no “según el artículo 34 de la ley concursal 22/2003, su pago con cargo a la masa del concurso, todo ello con el objeto de presentar un informe favorable con el que poner fin al concurso”.

En la reunión del 19 de mayo de 2014, en el despacho del letrado, volvió a solicitarle 4.500 euros por sus honorarios para la “emisión de un informe para solicitar declaración de insuficiencia de bienes y la conclusión del concurso de acreedores por tal motivo”. La reunión tuvo lugar en presencia de una policía, que se hizo pasar por un familiar del empresario, lo que motivó la detención del letrado.

El juicio contra el abogado se celebrará en enero de 2018 ante un jurado popular.