Más de mil personas se han sumado esta tarde a la protesta contra la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, que establece que sea el cliente el que tenga que abonarlo. La concentración convocada por los sindicatos CCOO, UGT, la organización de consumidores Facua y los partidos políticos Participa, Podemos e IU, comenzó a las seis de la tarde en la plaza de los juzgados de Sevilla en el Prado de San Sebastián; y ha transcurrido con normalidad hasta las siete.

“Han participado entre 1.000 y 1.200 personas. Desde CCOO expresamos nuestro rechazo a la sentencia del Supremo, en su fondo y forma”, explica Alfonso Vidán, secretario general de CCOO en Sevilla, al incidir en que esta decisión “ha generado una gran inseguridad jurídica”.

Facua pide la dimisión del presidente del TS y una legislación que realmente proteja a los consumidores

Poco después de la concentración Vidán ha lamentado que “al final es la ciudadanía la que tiene que pagar”; y ha lanzado un “llamamiento a los partidos políticos del arco parlamentario para que hagan sus deberes y aprueben la ley hipotecaria, que permanece paralizada desde hace dos años en el Congreso”.

Según el portavoz de CCOO, el problema de las hipotecas “debe tener una solución desde la política, y no desde los juzgados”. Vidán lamenta que el Supremo haya decidido “poner a los ciudadanos a los pies de los intereses de los más poderosos”.

La protesta se ha repetido hoy en el resto de capitales andaluzas, si bien la más multitudinaria ha tenido lugar en Sevilla. Entre los participantes en esta protesta se encontraba el diputado de IU en el Congreso Miguel Ángel Bustamante, quien ha considerado, en declaraciones a Efe, que “hay que salir a la calle, mostrar la indignación y luchar porque el decreto de Pedro Sánchez no es más que un pacto con la banca, ya que supone que el impuesto no tiene carácter retroactivo”.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, por su parte, ha vuelto a pedir “la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del presidente de la sala tercera de este tribunal. No queremos que la justicia se pliegue ante la banca”. Ante la indefensión generada en el sector inmobiliario, Sánchez apela a la necesidad de una “legislación que realmente proteja a los consumidores”; y se dirigió al Gobierno central, para exigir que la agencia estatal prevista para defender a los consumidores “tenga capacidad para sancionar”.