Un juzgado de Sevilla ha rechazado indemnizar a los vecinos afectados por ocho antenas de telefonía, presuntamente ilegales, existentes en la sede central de Sevillana Endesa en Sevilla, aunque la sentencia constata el "evidente anómalo funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo" por no retirarlas.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 ha rechazado conceder la indemnización de 30.000 euros que reclamaron los vecinos afectados al Ayuntamiento porque no se pueden acreditar los daños sufridos por una comunidad de propietarios.

El juez afirma que procede desestimar la demanda "pese a la constatación del evidente anómalo funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo, cuya conducta en vigilar el cumplimiento de la legalidad por parte de Endesa es realmente reprobable", según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe. Añade la resolución que esta actitud municipal ha obligado a los vecinos "a una lucha de siete años para conseguir que la Gerencia simplemente cumpla con sus obligaciones de no permitir unas instalaciones ilegales".

Los vecinos de la sede central de Sevillana Endesa en la avenida de la Borbolla llevan años luchando contra las antenas de telefonía instaladas en la cubierta del edificio que, según distintas resoluciones, incumplen la normativa de la Junta y del Ayuntamiento por estar dentro del centro histórico protegido, por su proximidad a la plaza de España y por vulnerar las normas municipales de telecomunicaciones. Pese a ello, denuncian los vecinos que el Ayuntamiento sigue sin ejecutar sus propias resoluciones y, a día de hoy, las antenas siguen instaladas allí. Los afectados han indicado que están estudiando recurrir esta última sentencia puesto que "este comportamiento anómalo durante siete años merece alguna respuesta jurídica, que incluso debería dar el propio Ayuntamiento de Sevilla".

Denuncian que la Gerencia de Urbanismo no ha tomado ninguna medida para la retirada de las antenas pese a que en sus propias resoluciones reconoce "expresamente" que no tienen licencia y que no son legalizables en el futuro. La empresa Endesa se ha opuesto a retirar la instalación porque considera que fue autorizada por "silencio administrativo".