La plataforma para la defensa de la Gavidia pública y miembros de la red de activistas de IU han pedido al Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que abra un expediente sancionador a la Gerencia de Urbanismo, por no cumplir la resolución de este organismo que instó al Ayuntamiento de Sevilla a ofrecer información sobre la modificación del PGOU que ha permitido que la parcela del antiguo edificio de la comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia pueda convertirse en un nuevo hotel.

Los colectivos mencionados, que han presentado una demanda en los tribunales de lo Contencioso-administrativo para que evitar que el edificio se convierta en un hotel y no en un lugar de memoria democrática, acudieron la Consejo de la Transparencia después de haber pedido abundante información al Consistorio sobre esta modificación urbanística.

Este organismo dictó una resolución el pasado 16 de diciembre en la que estimó parcialmente la reclamación e instó al Ayuntamiento a ofrecer la información solicitada, entre la que figura que se facilitara el número de hoteles y hostales que hay en la ciudad y lo que estén proyectados construir o autorizados en el casco histórico de la ciudad, así como los pisos turísticos, las estadísticas sobre el número de vehículos que hay en este distrito, y también sobre los equipamientos públicos de esta zona de la cuidad, tales como colegios y centros de día de personas mayores o centros de atención a la mujer. 

El Consejo de la Transparencia señalaba que dado que "el Ayuntamiento reclamado no ha alegado ningún límite ni causa de inadmisión que justifique retener, total o parcialmente, la información pretendida, este Consejo no puede sino estimar la reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información pública".

Tras este dictamen, Urbanismo dictó dos resoluciones, con fecha 23 de diciembre, en las que alegaba que no se había dado respuesta a la petición de información "por las circunstancias sobrevenidas con la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que conllevó la suspensión de plazos administrativos". En una de las resoluciones, Urbanismo daba traslado de la decisión del Consejo a varias direcciones generales y a las consejerías de Turismo, Educación e Igualdad de la Junta de Andalucía, al entender que son éstas las que debían informar en materias de su competencia.

Incumplimiento "flagrante" de la resolución

A raíz de esta respuesta, el abogado Francisco Tejado Vaca, que representa a los colectivos que han demandado la información, ha presentado un escrito ante el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, solicitando que se abra un expediente sancionador a un funcionario de la gerencia de Urbanismo por incumplir "de forma flagrante, dolosa, arbitraria y frontalmente contraria a derecho" la resolución de este organismo.

Dice el letrado que la conducta del funcionario sería susceptible de ser sometida al expediente disciplinario, puesto que "en la tramitación de esta reclamación la Gerencia de Urbanismo no alegó nada que fuese conforme a su derecho" y es "ahora, cuando se resuelve por el Consejo, actuando contra su silencio merecedor de la calificación de actuar contra sus actos propios, pretendiendo de forma torticera e ilegal restablecer los trámites que le fenecieron en la reclamación, formula unas alegaciones y no da cumplimiento a lo que desde el Consejo se ha acordado".

Y en segundo lugar, prosigue Francisco Tejado, este trabajador de Urbanismo oficia a una serie de Administraciones o Entes propios del Ayuntamiento de Sevilla para que "se facilite una información que en la antes mencionada resolución se acordó fuese la Gerencia de Urbanismo la que lo hiciese".

Así, concluye que toda esta actuación se lleva a cabo de forma "dolosa, tórpida, ilegal y con abuso de derecho", generando asimismo unas dilaciones indebidas en el "justo derecho que tenemos los recurrentes a ver satisfechas nuestras peticiones y ansias de obtener la información pública que fue estimada por ese Consejo", con lo que se infringen preceptos constitucionales, advierte.