El retorno de la Ciudad de la Justicia a la parcela de Los Gordales acarreará un coste de ocho millones de euros, cifra aproximada que tendrá que abonar la Junta de Andalucía durante varios años en el alquiler del denominado edificio puente, donde se quiere trasladar a los juzgados que se encuentran en peor situación mientras se construye el futuro complejo que reunirá a todos los órganos judiciales dispersos.

El coste de ocho millones está calculado para un período de tres años, hasta el 2012, que es la fecha en la que la Junta asegura que la Ciudad de la Justicia estará "en obras". Por cada año que se retrase el proyecto, habrá que sumar otros 2,7 millones de euros más en concepto de alquiler de esa nueva sede provisional para los órganos judiciales de Sevilla.

La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, aseguró esta semana que la decisión de llevar de nuevo el campus judicial a la zona de Los Remedios tenía un coste económico de "cero euros", ya que, según las palabras de la titular andaluza de Justicia, no existía ningún proyecto técnico para levantar la Ciudad de la Justicia en terrenos de la Autoridad Portuaria de Sevilla. La consejera no tuvo en cuenta, sin embargo, que cuando el Gobierno andaluz apostó en la pasada legislatura por el proyecto del Puerto, también descartó la solución puente. Esta postura resultaba coherente entonces, puesto que al anticipar al año 2010 la construcción del primer edificio de la Ciudad de la Justicia, no parecía necesario alquilar ningún otro edificio en el que ubicar de forma provisional los juzgados del Prado de San Sebastián, que se encuentran en un edificio que está absolutamente colmatado. El arrendamiento de ese edificio, en principio se iba a contratar el que está construyendo la inmobiliaria Osuna en la avenida de la Buhaira -donde ya hay otras sedes judiciales-, supondría un coste de unos ocho millones de euros en un período de tres años, a razón de unos 2,7 millones por año.

El descarte de esta sede provisional para los juzgados, que se produjo de forma paralela al anuncio de llevar la Ciudad de la Justicia al Puerto, evitaba además un doble traslado de los órganos judiciales: hasta el edificio puente, en primer lugar, y hasta el futuro campus judicial, posteriormente. La localización de un edificio en alquiler con las necesidades que precisan los órganos judiciales tampoco es una tarea fácil porque, entre otras razones, la oferta que pidió la Consejería de Justicia el pasado año para el arrendamiento de un inmueble con esas características no encontró respuesta alguna. Ni siquiera de la empresa propietaria del inmueble de la avenida de la Buhaira que se había fijado como primera opción para un posible traslado de los juzgados.

La Junta de Andalucía gasta anualmente, sólo en alquileres de inmuebles para uso judicial en Sevilla, unos cinco millones de euros. El edificio puente, resucitado ahora por Naranjo, incrementará por tanto considerablemente el dinero público destinado a este concepto, que superará los siete millones anuales.