Sanción a un hospital privado de Sevilla que obligó a un celador a reincorporarse sin valoración médica ni adaptación del puesto

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla ha levantado acta de infracción con propuesta de sanción contra el hospital de Fremap en Sevilla por incumplir los artículos 14.2 y 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Los hechos ocurrieron en enero de 2024 cuando la dirección del centro hospitalario obligó a un celador, que acababa de recibir el alta médica del INSS tras una baja de larga duración por una afección de articulaciones, a incorporarse a su puesto de trabajo sin realizarle un reconocimiento médico previo ni adaptar su puesto a las limitaciones físicas que presentaba.

Según ha podido saber este medio, el trabajador, que se encontraba a la espera de ser intervenido quirúrgicamente, informó a sus superiores de que el alta del INSS se debía al agotamiento del plazo administrativo de la baja, siendo, por tanto, denegada la incapacidad permanente, pero "no a una mejoría de su estado de salud". Además, recordó que tenía una serie de restricciones médicas, reconocidas por el servicio de prevención ajeno de Fremap, que le impedían realizar plenamente las funciones de celador, entre otras, "la prohibición de manejo de pesos superior a 15 kilogramos" o rehuir de "frecuentes y prolongados encorvamientos de columna cervical". Sin embargo, "la dirección hizo caso omiso a estos argumentos y a la petición de los delegados de prevención de que se definieran las tareas que el empleado podía desempeñar dada su situación", aseguran fuentes de la sección sindical de UGT del comité de empresa en el hospital.

Como consecuencia de la falta de valoración médica y adaptación de su puesto, el celador sufrió una "reagudización" de su patología que derivó en una nueva baja laboral. Es ante esta situación ante la que el sindicato interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ha terminado sancionando a Fremap "por vulnerar la normativa de prevención de riesgos laborales y poner en riesgo la salud del trabajador", recoge la resolución a la que ha tenido acceso este medio.

Esta no es la primera vez que el hospital sevillano se ve envuelto en problemas con la Inspección de Trabajo. Hace apenas cuatro meses, en diciembre de 2024, este mismo centro fue multado por negar el derecho a excedencia voluntaria a varias trabajadoras, tal y como publicó este periódico en su momento.

Desde el comité de empresa lamentan que, perteneciendo este hospital a una mutua colaboradora con la Seguridad Social, con la obligación de velar por la salud y seguridad de sus propios trabajadores, además de gestionar las prestaciones de los trabajadores protegidos, "lo incumpla con sus trabajadores".

Casos como éste ponen de manifiesto la trascendencia de contar con una adecuada política de prevención de riesgos laborales en las empresas. No en vano, la Ley 31/1995 establece la obligación de los empresarios de "garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo".

Esto implica, entre otras cuestiones, la necesidad de realizar una evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva, así como adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados y convenientemente adaptados al trabajo que deba realizarse y a las características individuales de cada empleado.

Especialmente importante es la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, como es el caso de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. En estos supuestos, el empresario debe tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.