Los sindicatos sanitarios se han vuelto a echar este jueves a la calle en la primera de las concentraciones anunciadas a principios de semana para exigir a la Consejería de Salud y Familias que suprima "inmediatamente" la orden que "restringe numerosos derechos" del personal del sistema sanitario público y que consideran "un ataque directo" a los derechos de aproximadamente 120.000 profesionales.

Los representantes de los trabajadores siguen a la espera de una llamada de la Consejería de Salud que abra la negociación después de que su titular, Jesús Aguirre, abriera la posibilidad de rectificar o modificar esta nueva normativa que ha incendiado a un personal que afronta la mayor presión hospitalaria registrada por la pandemia en Andalucía.

Mientras tanto, las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad y los profesionales han seguido adelante con su calendario de protestas prevista cada martes y jueves en toda la comunidad andaluza. En Sevilla portavoces de Satse, Sindicato Médico, CSIF, CCOO y UGT y decenas de profesionales se han concentrado a las puertas del centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós, en Sevilla Este. 

"La medida impuesta de forma unilateral representa el mayor ataque de la historia reciente contra los derechos consolidados del personal de instituciones sanitarias", han reconocido algunos de los integrantes se los sindicatos.

Asimismo, condenan la "falta de sensibilidad" de la Consejería de Salud hacia un colectivo que "lleva ocho meses trabajando al 200 por ciento, dándolo todo para recibir un tratamiento indigno por parte de los dirigentes políticos en el Gobierno de la Junta de Andalucía".

"Se ha pasado de los aplausos y los monumentos, a que los profesionales no tengan derecho a cuidar de sus familiares, de no poder descansar entre turno y turno, de tener que depender del capricho de un gerente para poder disfrutar de sus días de vacaciones, de tener que hacer funciones que no son propias de su profesión, de poder ser destinados donde y cuando quieran ellos, además de contar con poder para contratar a dedo a quienes deseen", aseveran.

Y todo ello, añaden, "con la excusa de una pandemia que necesita de buenos gestores, trabajadores y expertos en este terreno y no de unos gestores que no conocen otra cosa que el ordeno y mando". "Los profesionales tienen que cuidar a la ciudadanía, pero también tienen derecho a velar por su salud y cuidar de los suyos", manifiestan las organizaciones sindicales, que entienden que "esta forma de actuar impuesta es una acción deplorable que encubre un procedimiento con mala fe en contra de los derechos consolidados de los trabajadores".

Un momento de la concentración ante el centro de salud María Fuensanta Pérez Quirós.

El domingo, después de anunciarse las mayores restricciones en Andalucía tras el parón total de la actividad el pasado marzo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó una orden que deja en manos de los gerentes de los hospitales la posibilidad de suspender de forma unilateral vacaciones, descansos, traslados, excedencias o reducciones de jornada de la plantilla. Se permite también contratar a estudiantes en el último grado o personal sanitario fuera de las bolsas de empleo y mover a los profesionales independientemente de su especialidad. Además, mientras se autorizan las contrataciones a dedo, se paraliza la toma de posesión de aquellas personas que habían sacado una plaza en el SAS y esperan para incorporarse a trabajar.

El decreto incendió al colectivo sanitario, ya quemado por el nivel de saturación que padecen a causa de la pandemia, y ya el mismo lunes se convocó una concentración de urgencia a las puertas del Virgen del Rocío para mostrar su repulsa, tachando de "paripé" que, una vez publicada la orden, se informara a los representantes de los trabajadores en una mesa sectorial de la que se levantaron sin ningún acuerdo.

No obstante, y con vistas a calmar los ánimos, fue el propio consejero quien, un día después, tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno, abrió la puerta a una hipotética negociación que de momento no ha frenado las protestas.

Quien se ha referido a esta situación este jueves, coincidiendo con las primeras movilizaciones, ha sido la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, que tras agradecer la "gran labor" que realizan estos profesionales y pedir "disculpas si en algún momento los sindicatos se han visto ofendidos", ha explicado que si bien dicha orden no se va a retirar sí anuncia una nueva reunión de la mesa sectorial para que los sindicatos puedan realizar "aportaciones", "modificaciones o rectificaciones" a este texto.

"Nos vamos a volver a sentar con ellos y vamos a hablar. Sé que no van a poner ninguna pega porque lo que el pone el BOJA, si lo leemos con tranquilidad, es que en una situación de excepcionalidad, un gerente podrá hacer una contratación, podrá pedirle a un profesional que no se tome un día libre", ha señalado tras explicar que "se negoció con ellos en mesa sectorial tanto el tema de contrataciones y de bolsa, como el aplazamiento de la toma de posesión de la plaza", si bien "es verdad que hay una parte de lo que salió en la orden que no se había hablado con ellos".

En todo caso, ha considerado que las "medidas que vienen recogidas en el BOJA es lo que de manera habitual hacen los centros sanitarios", de manera que, por ejemplo, "cuando un jefe de servicio se dan tres de baja, le pide a otros tres compañeros por favor no os toméis el día de descanso" porque necesita cubrir el servicio.

"Es eso. En una situación de excepcionalidad, lo único que hicimos fue plasmarlo en el BOJA que se podría hacer, no que lo íbamos a hacer. Y siempre en conocimiento de los sindicatos", ha asegurado García, quien ha subrayado que en ningún momento se quiere perjudicar a los profesionales, ya que "el sistema funciona gracias y por el esfuerzo y sobreesfuerzo que hacen, más allá en muchas ocasiones, de su jornada".