-Usted ha dicho que el uso del agua subterránea ha sido una revolución silenciosa. ¿No ha sido excesivamente silenciosa, dados los problemas de sobreexplotación que existen?

-Es silenciosa porque no se ha hecho de acuerdo con los organismos responsables del agua. La han hecho por su cuenta, sobre todo los agricultores. Aprendieron lo fácil y barato que resultaba perforar un pozo y lo hicieron, legal o ilegalmente. Hasta el año 85, la ley permitía hacer esos pozos en las fincas privadas, y a partir de esa fecha el agua subterránea se declara pública, pero las confederaciones no están preparadas para controlar la creación de estos pozos y, de hecho, desde esa nueva ley del 85 se han perforado más pozos que antes porque la ley no se ha puesto en práctica.

-Aún así, el agua subterránea sigue siendo una desconocida.

-El Ministerio no se lo ha tomado todavía en serio y, de hecho, no sabemos los pozos que hay. Yo creo que al menos hay dos millones de pozos en España y el Ministerio plantea inventariar medio millón, por lo que la gran mayoría quedará ilegal o alegal.

-También opina que uno de lo grandes problemas del agua es que se incentiva la oferta (nuevas infraestructuras), en lugar de la demanda (tarifas).

-Y una oferta gratis o casi gratis. La demanda es un concepto económico que va unido al precio. Si el precio es casi nulo, la demanda es casi infinita. ¿Qué ha pasado con las desaladoras?. Que ahora resulta que no venden el agua porque la subterránea es más barata. En Almería se construyó una salinizadora hace seis años y los cuatro primeros estuvo parada. Y eso es porque es más barato para el Ayuntamiento sacar agua de pozo. Y eso es lo contrario a lo que dice Europa en la Directiva Marco del Agua (DMA), que señala que el usuario debe pagar el coste total de las infraestructuras.

-En un paralelismo entre desaladoras y embalses, la Fundación Nueva Cultura del Agua dice que Melonares no sería necesario si se aplicara una política de reducción de demanda.

-Probablemente Nueva Cultura del Agua tiene toda la razón. La cuestión es que si la gente de Sevilla tuviera que pagar Melonares, no lo querría, pero como lo pagamos todos los españoles, pues no hay problema.

-Y en esa disyuntiva, ¿el agua subterránea es un recurso más?. Emasesa, por ejemplo, plantea la utilización de agua subterránea pero sólo en caso de extrema urgencia, ¿debería apostar más por este recurso?

-Probablemente sí, pero cada caso es único porque en todos los sitios no hay acuíferos adecuados y el agua subterránea tampoco es la panacea que arregle todos los problemas. España es el país de Europa donde menos se usa el agua subterránea y el de más embalses por habitante. No tiene sentido, aunque tampoco quiere decir que todos los embalses sean malos.

-También está el caso contrario, como la Sierra Norte, que se abastece en exclusiva de aguas subterráneas y se han quedado sin agua.

-Ahí habrá que ver por qué. Puede ser porque no hay acuíferos o, en la mayoría de los casos, porque tiene un agua regalada y el Ayuntamiento no invierte en infraestructuras. Aquí el precio del agua urbana es la sexta parte de Inglaterra. Los ayuntamientos prefieren gastarse el dinero en las fiestas del pueblo o en una estatua del alcalde y cuando viene un periodo seco, cada cierto tiempo, tienen problemas. Pero normalmente no de escasez de agua, sino de mala gestión.

-Un problema concreto de Andalucía es la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana, ¿cómo ha evolucionado el problema?

-Doñana ha evolucionado bien. Todavía habrá gente que sigue sacando agua ilegalmente y, aunque en estos diez últimos años no he seguido muy de cerca el problema, creo que está mucho mejor que cuando yo dejé de trabajar ahí. Doñana es un sitio maravilloso y hubiera sido un crimen que no se hubiera actuado.

-La CHG dice que existen muchos problemas jurídicos para actuar contra los pozos ilegales, ¿hace falta cambiar la ley?

-No Lo que hace falta es tener voluntad de aplicar la ley. Habría que preguntarse cuántos hidrogeólogos hay en la CHG. Probablemente ninguno. En Cataluña hay más hidrogeólogos que en el resto de confederaciones, así que esa excusa no me vale. Hay que ver qué medios se han puesto, qué dinero se ha invertido, qué expertos tienen...

-¿Qué puede suponer la DMA?

-La aplicación de la directiva es un avance sobre todo porque impone la participación de los ciudadanos y la transparencia de la información. Yo escribí un artículo sobre la corrupción del agua en España en el que denunciaba su gran problema: todo el mundo miente, la información es opaca. La directiva puede ser el fin de la hidroesquizofrenia española y no por lo que diga, sino porque exige más información y más participación de la sociedad civil.

-También dice que hay que subir la factura y eso tiene un coste político enorme.

-En los años 80 se inició en Madrid el plan de depuración, Tierno Galván subió la tarifa un 300 por ciento para financiarlo y no pasó nada. Hoy en día, la mayor parte de los ciudadanos ni siquiera saben lo que pagan por el agua porque es muy poco. No llega ni al uno por ciento de la renta de una familia con una economía media baja. A nadie le gusta que suba nada, pero es muy poco. En cambio, cuando se producen las restricciones es el caos en las casas, una imagen totalmente subdesarrollada.