La Gerencia de Urbanismo ha aprobado excluir de la moratoria vigente desde 2014 para aplicar los procedimientos previstos en el registro municipal de solares y edificaciones ruinosas a todos aquellos suelos de propiedad privada que hayan incumplido los plazos para edificar y que cuenten con órdenes de ejecución de medidas de conservación que no hayan sido debidamente cumplidas. De esta forma, estos solares pasarán automáticamente al procedimiento de venta forzosa al igual que hicieron en 2017 todos los ubicados en el casco histórico.

La nueva regulación de esta moratoria tiene una duración exclusiva de cuatro meses (en vez de un año), de forma que transcurrido ese periodo podrán de nuevo revisarse los requisitos o directamente poner fin a este modelo diseñado hace cinco años con motivo del inicio de la crisis principalmente para promotores que no habían podido iniciar los proyectos previstos en sus suelos por motivos económicos. 

Esta moratoria afecta a 110 solares de la ciudad. De ellos, un 60% tienen superficies inferiores a 150 metros cuadrados y sus titulares con pequeños y medianos inversores. Asimismo, 41 solares se encuentran en Sevilla Este, donde sus titulares están activando estas bolsas de suelo por fases, de forma que no se encuentran paralizadas, sino que se están tramitando los proyectos necesarios. 

La medida pretende resolver un problema que afecta a numerosos barrios como son los solares privados sin una adecuada conservación, donde en muchas ocasiones se tiene que producir una intervención subsidiaria por parte de los servicios municipales. A partir de la entrada en vigor de esta moratoria, aquellos titulares de suelos que tengan órdenes de ejecución de medidas de cumplimiento del deber de conservación que no hayan implementado pasarán automáticamente a ser excluidos de la moratoria. Las parcelas serán sometidas a un procedimiento de venta forzosa. En estos momentos, hay 60 suelos de la ciudad sin edificar de propiedad privada con órdenes de ejecución de medidas de conservación que se verán afectados por esta decisión en caso de no atender las exigencias de la Gerencia de Urbanismo. 

“La actividad económica e inmobiliaria en la ciudad de Sevilla ha cambiado sensiblemente desde 2014. Por eso, este sistema se está revisando periódicamente. Se trata de buscar un equilibrio que no perjudique a pequeños propietarios o a empresas que estén desarrollando sus proyectos por fases, pero que al mismo tiempo impida que haya suelos que lleven años bloqueados y, lo que es aún peor, sin cumplir las obligaciones de conservación y mantenimiento fundamentales para muchos barrios de la ciudad”, explicó Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano.