Mafia del taxi

El taxista acusado de quemar los Cabify pide ayuda económica a sus compañeros

  • La asociación Solidaridad del Taxi se plantea subir la cuota para afrontar los gastos del proceso judicial y compra un local fuera del aeropuerto

Un bombero ante los vehículos de Cabify quemados.

Un bombero ante los vehículos de Cabify quemados. / M.G.

El taxista acusado de quemar los nueve coches de Cabify en un hotel rural de Castilblanco de los Arroyos durante la Feria de Abril de 2017 ha solicitado ayuda económica a sus compañeros del sector para poder hacer frente a los gastos que acarreará su defensa.

Francisco B. H., taxista de Sevilla pero que es natural de Castilblanco y tiene casa en este pueblo, fue detenido a principios de junio por la Guardia Civil, que le imputa un delito de daños y lo considera el principal sospechoso del incendio de los coches de Cabify que habían venido a reforzar el servicio de esta empresa durante la Feria de Abril.

Este taxista, que no lleva muchos años en el sector, pertenece a la asociación Solidaridad del Taxi, que tiene el monopolio sobre la parada del aeropuerto de San Pablo. Esta asociación celebró la pasada semana una asamblea en la que se planteó la posibilidad de subir las cuotas a los afiliados, que actualmente es de 100 euros al año, para así hacer frente a todas las costas del proceso judicial abierto contra varios taxistas asociados.

Aunque Francisco B. H., que está en libertad con cargos, es el único investigado por el incendio de los coches de Cabify, hay otra treintena de taxistas del aeropuerto imputados por otros delitos de daños, amenazas y coacciones ocurridas en la parada de la terminal. 

Todos estos sabotajes e incidentes están siendo investigados en una misma macrocausa contra la mafia del taxi que mantiene abierta la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores. A los taxistas de Solidaridad se les imputa también el delito de pertenencia a organización criminal, mientras que a algunos de ellos se les investiga por los daños causados en los aseos de la terminal.

Estos destrozos coincidieron en el tiempo con el litigio que emprendió AENA contra Solidaridad del Taxi por el incumplimiento de las condiciones del contrato de alquiler del local que funciona como sede de la asociación en el aeropuerto de San Pablo. AENA ha solicitado a la Justicia que desaloje a los taxistas, después de que comprobaran que éstos tenían abiertos un bar que vendía productos a terceros, algo que incumple las condiciones del alquiler.

Solidaridad ha adquirido una casa próxima al aeropuerto, en la carretera que enlaza con las instalaciones de Airbus, para trasladar su sede a este inmueble en las próximas semanas y habilitar allí una cafetería y unas oficinas, como tenían hasta ahora en el almacén de segunda categoría que utilizaban como sede.

El foco sobre Cabrera

La asociación Sevillasemueve ha pedido al Ayuntamiento y, en concreto, al delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que "tome cartas respecto a la situación de hostilidad y mala praxis que provoca cierto sector del taxi en el aeropuerto de Sevilla, puerta turística de la ciudad y que tan mala imagen deja en ocasiones debido a la actividad sin control que allí desempeñan muchos de los taxistas de la capital hispalense". 

En un comunicado, la asociación lamenta que "con cada nueva información" que se publica sobre la mafia del taxi, "la gestión del Ayuntamiento de Sevilla resulta cada vez más bochornosa y, en particular, la de la Delegación de Movilidad, cuyo responsable, como director que fue del Instituto del Taxi, conoce el caso mejor que nadie. Pocos serán los sevillanos que no se avergüencen al leer sobre la trama que desarrollan el grupo de taxistas que ha establecido un monopolio en el aeropuerto a base de coacciones y amenazas, según vienen narrando los medios a través de fuentes policiales", señalan desde la asociación.

Para Sevillasemueve, el delegado Juan Carlos Cabrera "se mantiene impasible, mirando para otro lado en un caso que da para varios guiones de cine. No sólo no se corta a la hora de echar balones fuera y eludir su responsabilidad de solucionar los problemas de la ciudad, sino que parece darse por satisfecho afirmando que no se pueden tomar medidas hasta haber una sentencia firme".

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