Los cinco taxistas llamados a declarar este lunes por el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla, que indaga presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones por la parada de taxis del aeropuerto, se han acogido finalmente a su derecho constitucional a no declarar, según han informado fuentes del caso.

Estos cinco taxistas habían sido llamados a declarar por la citada instancia judicial, como consecuencia de los "daños" perpetrados recientemente en los aseos de la terminal de llegadas del aeropuerto hispalense.

La juez instructora del caso solicitaba a la dirección del aeropuerto de San Pablo que informase del "estado" del contrato de alquiler relativo a las dependencias del recinto aeroportuario ocupadas por la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, un contrato dado ya por "finalizado" por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). En paralelo, y mediante una providencia, la magistrada ofrecía a la dirección del aeropuerto la posibilidad de ejercer "acciones" legales con relación a los "daños" perpetrados el pasado 23 de febrero en los aseos de la terminal de llegadas, toda vez que tales daños habrían sido perpetrados unas semanas antes de la finalización formal del mencionado contrato de alquiler que tenía la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi en dependencias aeroportuarias.

Este juzgado también investiga los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones por la parada de taxis del aeropuerto, donde está instalada la sede de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.

En diciembre de 2017, el aeropuerto formuló una primera demanda de desahucio ante los Juzgados de Primera Instancia, por el supuesto "incumplimiento" de los términos del contrato suscrito en 2010 entre la dirección del aeropuerto y Solidaridad Hispalense del Taxi, para el alquiler de este local. Según el aeropuerto, el contrato no contemplaba el uso del local para la explotación de un bar, extremo que llevó a Aena a solicitar la rescisión del mencionado contrato.