La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, reconoció la semana pasada que la Ciudad de la Justicia se retrasará como mínimo hasta 2012 -dos años más tarde del último compromiso del Gobierno andaluz-, pero negó que la vuelta al proyecto original de Los Gordales, tras descartar la ubicación en los terrenos del puerto, tuviese un coste económico para el erario público; es más, aseguró que el coste era de "cero euros". Ayer, Naranjo se reunió en Madrid con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y volvió a insistir en la cuestión. "Es absolutamente falso que el cambio haya costado un euro; quien lo diga no dice la verdad y responderá a algún interés que yo no calculo", aseveró la consejera.

La teoría del coste cero que defiende de la titular de Justicia choca, sin embargo, con la realidad contable. El traslado de la Ciudad de la Justicia a suelos de la Autoridad Portuaria y la celeridad en la construcción que ese proyecto sostenía -el Gobierno andaluz anunció que el primer edificio estaría en funcionamiento en 2010-, habían llevado a la Consejería que entonces dirigía María José López a renunciar a la denominada solución puente: el alquiler de un edificio que el grupo Noga está construyendo en la avenida de la Buhaira, una zona muy próxima a otras sedes judiciales y también al edificio del Prado de San Sebastián.

El nuevo horizonte de una Ciudad de la Justicia "en obras" para 2012 ha hecho que la nueva consejera de Justicia tenga que recuperar la idea de la solución provisional para albergar los juzgados del Prado en otra sede mientras se construye el futuro complejo, ya que, según los sindicatos judiciales y los propios jueces, el actual edificio no aguanta más. Y es ahí donde aparece el coste de los ocho millones, una cifra que no constituye una aproximación periodística, sino que obedece a los cálculos efectuados en su día por la propia Administración autonómica. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el 15 de mayo de 2007 una resolución de la secretaría general técnica de la Consejería de Justicia, en la que se sacaba a concurso el arrendamiento de un inmueble para su utilización como sede judicial en la capital. El presupuesto base de licitación era de 8.208.000 euros durante tres años, lo que implica que el alquiler de ese edificio conllevaba un coste de 2,7 millones anuales.

Ese concurso quedó desierto, al no concurrir al mismo ninguna empresa, ni siquiera la propietaria del edificio que se construye en la Buhaira y que, a fecha de hoy, sigue siendo una de las principales opciones que bajara la Junta como solución puente para albergar los órganos judiciales que se ubican en uno de los edificios judiciales del Prado. De hecho, algunos técnicos de la Junta han visitado las obras del inmueble recientemente.

La cifra de los ocho millones no es, por tanto, baladí ni tampoco puede considerarse como un 'coste cero', sobre todo si se tiene en cuenta que el importe que actualmente gasta la Junta en alquileres de inmuebles para uso judicial en Sevilla ronda los cinco millones de euros.

El coste previsto del alquiler del edificio puente está calculado además hace más de un año, con lo que es muy probable que cuando se vaya a arrendar ahora haya subido, y sólo para un período de tres años (hasta 2012), por lo que si llegado ese año no se ha acabado la construcción del primer edificio del campus judicial, habrá que seguir incrementando el coste del alquiler por cada año de retraso que se vaya acumulando.

Cuando en la pasada legislatura, la Junta descartó la ubicación de la Ciudad de la Justicia y rechazó la solución puente, anunció que se evitaba de esta forma el doble traslado de los órganos judiciales. La Junta quiere trasladar provisionalmente los 20 juzgados de Instrucción, los dos de Guardia, el decanato, los servicios comunes de notificación y embargos, y las dependencias de la Fiscalía. El edificio Noga de la Buhaira dispone de una superficie de 12.152 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas.