Dice el popular refrán que "en casa de herrero, cuchillo de palo". Sin duda, esta expresión es la que habrán recordado 17 funcionarios de Justicia que han obtenido su plaza diecisiete años después de haberse presentado a las oposiciones. Todo un triste récord de dilaciones y retrasos que ha afectado precisamente a un grupo de personas que deben trabajar para una Administración que tiene encomendada la complicada labor de impartir Justicia.

Un vistazo al Boletín Oficial del Estado del pasado 27 de mayo resulta muy esclarecedor. En este número se publicaba una orden del Ministerio de Justicia que adjudicaba el destino de 17 funcionarios -seis de ellos de Sevilla y el resto de las provincias de Cádiz y Córdoba-, que habían obtenido plaza en virtud del proceso selectivo convocado "por Orden de 30 de agosto de 1991".

Cuando se convocaron estas plazas, la Junta de Andalucía ni siquiera había asumido las competencias en materia de Justicia, que se transfirieron a la comunidad autónoma en 1997. En este tiempo ha cambiado hasta el nombre del cuerpo de funcionarios al que optaron los aspirantes, antes de Oficiales de la Administración de Justicia y ahora denominado cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

La demora en adjudicar el destino de estos funcionarios se debe al retraso de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en resolver los recursos que se presentaron contra aquel proceso selectivo. Una vez que se celebraron las oposiciones y salió una lista definitiva de aprobados, el tribunal modificó los resultados, al estimar que se habían producido una serie de errores en la puntuación de algunos exámenes, centrándose los fallos en los porcentajes de errores y aciertos atribuidos a los opositores. Tras revisar estas pruebas, el tribunal examinador anuló las listas y sacó un segundo listado, en el que no aparecían algunos de los nombres de la primera. Como era de esperar, las oposiciones acabaron en los tribunales de Justicia, en el que los funcionarios impugnaron la anulación de las listas. La situación de saturación, próxima al colapso, que soporta desde hace años la jurisdicción Contencioso-Administrativa, motivó que el recurso de los funcionarios no tuviera sentencia hasta hace poco tiempo. Una vez con la sentencia favorable a estos 17 funcionarios, el Ministerio le ha adjudicado ahora sus nuevos destinos.

La sentencia, según comenta Miguel Ángel Ramos, responsable de Justicia de CSI-CSIF en Sevilla, llega cuando muchos de estos funcionarios han estado trabajando en otros Administraciones Públicas y en la propia Justicia, dado que algunos volvieron a presentarse a otros procesos selectivos y lograron plaza en otro cuerpo de Justicia. "Es una barbaridad y una vergüenza que logren su destino 17 años después porque en este tiempo la gente ha tenido que buscarse la vida", asevera Miguel Ángel Ramos, que advierte que en todos los procesos selectivos "existe un gran número de recursos que se ganan porque los tribunales se cierran en banda y obligan a los funcionarios a acudir a la vía Contenciosa".

La sentencia les otorga ahora "efectos retroactivos administrativos", lo que implica que podrán participar en el próximo concurso de traslado que se anuncie, además de que la Administración tendrá que reconocerles el derecho a percibir los trienios. Es más, y aunque puede resultar un proceso complicado, podrían incluso hasta reclamar una indemnización si durante estos 17 años han estado en algún momento desempleados.

En principio, este año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está resolviendo recursos pendientes desde esa fecha, porque hace tan sólo unos meses el Alto Tribunal decidió anular otras oposiciones para ocupar 1.450 plazas de administrativos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se iniciaron también hace 17 años por promoción interna. Esa sentencia llegó cuando algunos de los afectados estaban ya jubilados o en otros puestos. Otro récord negativo.