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'Caso Mercasevilla'

El juez rechaza excluir del veredicto a Rivas, Regla Pereira y Mellet

  • El PP pide al magistrado que deduzca testimonio para que se investigue un delito de prevaricación en la concesión de la subvención.

El magistrado Ángel Márquez, que preside el juicio con jurado por el presunto cohecho en Mercasevilla, ha rechazado este miércoles la petición de las defensas de Antonio Rivas, Regla Pereira y Fernando Mellet para que sean excluidos del veredicto del jurado, al considerar que no existen pruebas de cargo respecto a su participación en la exigencia de una comisión de 300.000 euros a los hosteleros de La Raza.

 

Los abogados de estos tres acusados, salvo el de Daniel Ponce, reclamaron al magistrado que al amparo del artículo 49 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado decidiera apartar del veredicto que debe emitir el jurado los hechos relacionados con estos tres acusados.

 

El juez intervino para explicar que esta petición "no es normal" en un jurado y para recordar, asimismo, que el propio magistrado podría haber acordado de oficio esta posibilidad, por lo que al no haberlo apreciado de oficio no lo iba a hacer a petición de las partes. El magistrado ha expresado a los miembros del jurado que, en su opinión, hay "elementos de prueba para someter las acusaciones al veredicto del jurado. Creo que hay elementos pueden valorarlos", ha insistido el juez Ángel Márquez para argumentar.

 

El primero en plantear al juez la exclusión del veredicto fue el abogado José Manuel Carrión, que representa al ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, quien ha dicho que la prueba de cargo es "inexistente" por cuanto el jefe de la Policía Judicial que ha declarado en el juicio aseguró que en la conversación grabada lo que se aprecia es "un negocio" y, según el letrado, este caso no representa la exigencia de una petición de dádiva o mordida, sino ante la "conclusión de un negocio". "Todo lo demás son interpretaciones que realizan las partes", ha añadido.

 

El abogado de Antonio Rivas, Francisco Baena Bocanegra, ha solicitado la exclusión del veredicto de su cliente porque un "deber de conciencia y una obligación legal", al coincidir en que no hay pruebas de cargo. El penalista ha advertido, antes de que el magistrado rechazara la petición, que si no se admitiese en realidad le daría "una gran alegría" porque tras la "pena de banquillo" y los "perjuicios" causados a Rivas durante estos tres años estos efectos sólo pueden ser reparados "con un veredicto de inocencia".

 

Carlos Galán, defensor de Regla Pereira, ha afirmado que si al inicio del juicio había "un indicio contra Regla, el juicio ha terminado sin ni una sola prueba de cargo".

 

El abogado Simón Fernández Rebollo, que defiende a Daniel Ponce, es el único que no ha solicitado la exclusión del veredicto al presidente del jurado, al explicar que no tenía que manifestar nada a este respecto.

 

En la sesión de este miércoles, ha presentado su informe de conclusiones el abogado de la acusación del PP, Luis García Navarro, quien ha solicitado al juez que deduzca testimonio para que se investigue un nuevo delito de prevaricación en relación con la subvención de 900.000 euros concedida para la escuela de hostelería de Mercasevilla y que podría atribuirse, según esta acusación, a los propios acusados y a funcionarios de la Junta de Andalucía, aunque no ha precisado ningún nombre respecto a estos últimos que podrían haber participado en ese nuevo delito.

En un intermedio de la sesión, el letrado ha explicado que esas acciones, cuyo ejercicio se reserva en caso de que el juez no deduzca testimonio, se dirigirían contra el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, que firmó la resolución de la concesión de la ayuda, la ex directora general para la Formación María Josefa Lara, la jefa de servicio María Carril y la funcionaria Rosario Gordillo, además de contra los cuatro procesados en este juicio.

 

El letrado del PP ha comparado este caso con el del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, condenado por la adjudicación irregular de contratos del Cuerpo, y ha leído algunos párrafos de la sentencia en los que se relata que Roldán adulteró el mecanismo para la contratación pública y abusó de la contratación directa, decidiendo previamente la adjudicación y exigiendo un porcentaje a las empresas. "Leyendo esto tengo claro que lo ocurrido en Mercasevilla es lo mismo: lo único que hay que cambiar es la expresión contratos públicos por subvenciones", ha afirmado Luis García Navarro.

La acusación popular ha señalado que la concesión de la subvención excepcional para la escuela de la hostelería "estaba dentro del plan predeterminado para exigir la dádiva o recompensa" a los empresarios de La Raza, por lo que ha considerado que el otorgamiento de la subvención era ya en sí delictivo, de ahí que solicite al juez la deducción de testimonio y la remisión al juzgado de guardia de estos hechos para investigar un nuevo delito de prevaricación. "Desde el inicio todo estaba perfectamente organizado", ha reiterado el letrado, que ha puesto de manifiesto que a su juicio se han aportado más pruebas en el juicio que "no dejan lugar a dudas" sobre el intento de cobro de una comisión.

 

En cuanto a la implicación de Rivas, la acusación del PP ha sostenido que el ex delegado "estaba desde el principio en el ajo, no pasaba por allí", porque ha "participado en todos y cada uno de los pasos que se han dado para la subvención", ya que desde 2006 la solicitud de subvención excepcional se hace ante él y hay "tal connivencia" entre Rivas y Mercasevilla que los documentos "salían del ordenador de Regla Pereira", en alusión a una de las pruebas aportadas por las acusaciones que no ha sido admitida por el juez.

 

El abogado del PP ha añadido que "Rivas tenía el encargo o él había dispuesto" que se exigiera una comisión de 300.000 euros a los empresarios, y ha afirmado que no debe haber dudas sobre las declaraciones prestadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce en la Policía, dado que "son pruebas más que suficientes para que el jurado declare la culpabilidad".

 

Sobre Regla Pereira, el PP ha afirmado que no es "la simple secretaria" que ha presentado la defensa, por cuanto tenía unas retribuciones importantes y en la Fundación Mercasevilla "no se movía un solo papel que no fuera autorizado por ella", que es quien convoca a los empresarios a la primera reunión en la que se les exigió el dinero y "asintió" cuando se realizó la petición.

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