Regulación de las viviendas turísticas en Sevilla

La asociación vecinal del Casco Norte demanda licencia obligatoria para los pisos turísticos

  • La Revuelta ha propuesto al Ayuntamiento que la normativa que se apruebe establezca tres niveles de saturación de estos alojamientos y en función de ellos se limite la concesión de nuevas licencias

Turistas de paseo por la Sevilla este verano. Turistas de paseo por la Sevilla este verano.

Turistas de paseo por la Sevilla este verano. / Juan Carlos Muñoz

La asociación de vecinos del Casco Norte de Sevilla, La Revuelta, ha presentado una batería de propuestas al Ayuntamiento del socialista Juan Espadas para que sean tenidas en cuenta en la iniciativa municipal de regular las viviendas con fines turísticos (VFT), para la cual abrió hace poco un periodo de consultas previas.

La clasificación de zonas saturadas o no debe tener en cuenta la realidad de ese enclave antes de la pandemia del coronavirus sin tomar como referencia la situación del precio del alquiler que dejó la burbuja

Sus principales reivindicaciones apuntan a que sea obligatoria una licencia de apertura específica municipal para la implantación de viviendas turísticas (también de alojamientos turísticos) que permita la reversión de nuevo a vivienda, así como que la normativa que se apruebe establezca tres niveles de saturación de estos alojamientos en función de los cuales se limita total lo parcialmente la concesión de nuevas licencias: 

  • zonas saturadas
  • zonas en riesgo de saturación
  • zonas susceptibles de ampliación de usos turísticos

En zonas saturadas, La Revuelta propone que no se otorguen nuevos permisos para implantar viviendas turísticas ni alojamientos turísticos. "No deben concederse nuevas licencias para la explotación delos negocios relacionados con el turismo que se consideren colmatados (viviendas, alojamientos, veladores, etc…), y deberá diseñarse estrategias de decrecimiento de los ya existentes para buscar una situación de no colmatación", aclara la entidad.

En zonas en riesgo de saturación también se propone que establezcan "los límites de crecimiento de las distintas modalidades de usos turísticos, imposibilitando, en cualquier caso, la transformación de viviendas en negocios turísticos".

La Revuelta pide que sea "requisito imprescindible para la concesión de la licencia, el acuerdo de los propietarios o propietarias verdaderamente residentes"

Y en las zonas susceptibles de ampliación de usos turísticos, la entidad ha apostado por limitar latransformación de viviendas vacías en negocios turísticos "a las que lleven más de 3 años desocupadas, a que exista un parque de vivienda de alquiler razonable y los precios de las rentas de alquiler no hayan experimentado incrementos por encima de la media del resto de la ciudad".

La Revuelta reclama que la clasificación de estas zonas se realice teniendo en cuenta la realidad de ese enclave "con anterioridad a la pandemia" del coronavirus sin tomar como referencia la situación del precio del alquiler que dejó la burbuja.

La asociación propone también que el Ayuntamiento lleve a cabo una "labor decidida de inspección" para detectar y cerrar viviendas y alojamientos turísticos ilegales y que la refuerce con la misma intensidad que proliferan las actividades ilícitas.

La entidad rechaza por "antisocial" que se den ayudas para compensación de alquiler a negocios afectados por la pandemia que hayan especulado con el precio del local

Otra propuesta es que se prohíba la publicidad y comercialización en plataformas digitales y otros medios de los negocios turísticos ilegales. Y que las sanciones económicas sean de la entidad suficiente para disuadir del incumplimiento de la normativa.

En las condiciones laborales de los trabajadores de este sector, La Revuelta reclama que el Ayuntamiento inste a la autoridad laboral a que planifique inspecciones especiales en el sector de la hostelería, "en el que se concentran altos niveles de precariedad y economía sumergida". La asociación expone que la pandemia está dejando datos muy relevantes que permiten la detección de bolsas de fraude (negocios de hostelería que han cerrado total o parcialmente durante la pandemia pero no ha recurrido al ERTE al tener a la plantilla sin dar de alta en seguridad social antes de la pandemia, por ejemplo).

Demanda medidas que frenen "la acaparación inmobiliaria y de instalaciones turísticas por fondos de inversión cuyo objetivo es favorecer procesos especulativos"

Otro aspecto que debería contemplar la normativa municipal es que refuerce la capacidad de los residentes del edificio para negarse a un negocio de este tipo. En definitiva, que sea "requisito imprescindible para la concesión de la licencia, el acuerdo de los propietarios o propietarias verdaderamente residentes en la comunidad, así como de las familias convivientes en régimen de alquiler".

Fomentar el alquiler asequible y proteger el comercio local 

La Revuelta añade en sus proposiciones que, en general, el Ayuntamiento debe favorecer la ampliación de la vivienda pública y asequible de alquiler con estándares más próximos a los europeos, y proteger el comercio local con medidas legales y fiscales que frenen los procesos de sustitución por franquicias que despersonalizan los barrios.

Sobre este último punto, la asociación vecinal del Casco Norte rechaza por "antisocial" que el Ayuntamiento otorgue dinero público para ayudas de compensación de alquiler a negocios afectados sobre la base de "los precios de alquiler que en los tres últimos años hayan tenido un incremento dos veces superior al IPC de esas anualidades. "Es completamente antisocial que se destine dinero público a sufragar a quien ha especulado incrementando de forma desorbitada el precio del local de negocio (que en la mayoría de las ocasiones ha provocado un efecto de sustitución del comercio tradicional). En estos casos, las ayudas deberán calcularse en base al precio de alquiler del local preexistente a la subida especulativa del mismo".

La entidad reclama también estudios y auditorías del fenómeno del turismo descontrolado en suintegridad, y medidas que frenen "la acaparación inmobiliaria y de instalaciones turísticas por fondos de inversión cuyo objetivo no es el desarrollo equilibrado de la actividad económica sino favorecer procesos especulativos".

Y concluye con que se garanticen altos niveles de participación social, del conjunto de personas y colectivos concernidos en todo el proceso.

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