Sevilla

Seis zonas comerciales y 12 polígonos tendrán cámaras

  • El Consistorio encarga un estudio de viabilidad técnica que estará antes deverano para grabar la vía pública en las áreas con mayores tasas de delincuencia

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Aún no hay estimación presupuestaria, ni plazos, ni siquiera tienen nombres y apellidos los invitados a cofinanciar el sistema de videovigilancia por cámaras que el Ayuntamiento de Sevilla implantará en seis zonas comerciales abiertas de la capital y doce polígonos industriales dentro de un plan de acción iniciado ayer por la Delegación Municipal de Economía y Empleo que dirige Jon Ander Sánchez (IU).

Éste compareció en rueda de prensa con los responsables de la empresa especializada Indra -que ha implantado el sistema de seguridad en la Plaza Mayor y la calle Montera de Madrid, entre otros-, con quien ha conveniado la elaboración de un estudio que estará listo antes del verano para determinar las localizaciones de las videocámaras en las zonas preseleccionadas por el Consistorio, así como la implantación de la tecnología adecuada en cada caso y la estimación de costes.

Sánchez aclaró que las zonas objeto de este plan de seguridad y vigilancia auspiciado desde el Ayuntamiento serán el Centro, el eje Asunción-Los Remedios, la Plaza de la Toná (Polígono San Pablo), Pedro Romero (Polígono San Pablo), entorno de Luis Montoto y Marqués de Pickman-Gran Plaza. Respecto a los polígonos industriales y parques empresariales, se instalarán cámaras en Carretera Amarilla, El Pino, Calonge, Store, Aeropuerto, Chaparrilla, Navisa, El Refugio, San Jerónimo, Su Eminencia, Pineda y Tablada. El delegado indicó que una vez elaborado el estudio se buscaría "cofinanciación", presumiblemente en los sectores afectados, comercio y empresarios, y otras administraciones, para ponerlo en marcha por fases. El convenio con Indra no tiene contraprestación económica, aunque esta empresa se asegurará después la adjudicación de la tecnología.

El responsable de Sistemas de Seguridad de Indra, José Manuel Pérez-Pujazón, explicó que la instalación de cámaras en la vía pública tiene efecto disuasorio, uso como pruebas desde el punto de vista legal y, si se instala una tecnología avanzada, permite actuar en tiempo real en caso de robo o incidente. Es el caso del motor de videovigilancia, un software en 3D que alerta al operador de cámara de las situacion es anómalas, como por ejemplo abandono de elementos extraños en la vía pública, sin necesidad de que el personal del centro de control esté permanentemente pendiente de un puzzle de monitores.

Pérez-Pujazón dijo que estos sistemas "garantizan un total cumplimiento con la ley de protección de datos" y "no son muy costosos". El propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, apuntó ayer que esta acción "debe contar con la participación directa de los afectados".

Aprocom, por su parte, ha rechazado de inicio la cofinanciación aduciendo que ello "sería como pagarle los coches a la Policía". Tomás González señaló que la fórmula de la cofinanciación "por supuesto que es adecuada, pero siempre que sea entre administraciones, el Ayuntamiento, la comunidad autónoma o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

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