Diego Martínez López

Profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide

En realidad, el título de este artículo debería ser La UE en la encrucijada. Lo que ocurre es que, habiendo presenciado el desorden de gobernanza con que se ha acometido la crisis de confianza en la Eurozona, la única institución visible y que parece haber funcionado es el Banco Central Europeo. Y efectivamente ha mantenido su estrategia y operatividad, aunque no al gusto de todos.

El origen de esta historia ya se barruntaba años atrás: Europa no es una zona monetaria lo suficientemente bien avenida como para que sus Estados miembros compartan moneda y poco más. Las pérdidas de competitividad que, desde la entrada en vigor del euro, han sufrido determinados países de la periferia europea no se pueden aliviar alterando el valor de una moneda que ya no pertenecía a los gobiernos europeos. Los desequilibrios comerciales se han cubierto, pues, con la entrada masiva de dinero (barato, sin riesgo cambiario) en países como España que, a cambio, ofrecía garantías inmobiliarias y crecimiento prolongado.

El problema surge cuando la crisis financiera internacional corta el flujo de crédito y las economías europeas entran en recesión. El endeudamiento de estos países se revela como excesivo y surgen dudas sobre su sostenibilidad. Hay que iniciar, mal que bien, el rescate de los países más pequeños pero el contagio de la crisis de deuda soberana se extiende a España e Italia, que no podrían ser rescatadas por sus socios europeos.

¿Y cuál ha sido el papel del BCE en este episodio? Desde el punto de vista jurídico, impecable. Su mandato constitucional le impone un único objetivo: garantizar la estabilidad de precios. Todos los demás, incluyendo la estabilidad del sistema financiero y su función como prestamista de última instancia para bancos, están subordinadas a esa misión. Y eso es lo que ha estado haciendo desde el inicio de la crisis. Incluyendo la polémica subida de tipos de agosto de 2008, antes de la caída de Lehman Brothers.     

¿Y cómo evaluar su actuación desde criterios económicos? Aquí surgen las discrepancias. Hay posiciones que invitan, incluso, a un incumplimiento masivo de los Tratados Europeos y piden abiertamente que los tipos de interés se pongan a cero (para favorecer el crecimiento) y que se compre sin complejos deuda pública (para aliviar los problemas de los países periféricos), sin mirar a la inflación que, por otra parte, no parece ser un problema en estos momentos.

Mi opinión, sin embargo, no transita por esos caminos, hoy tan frecuentados que los ortodoxos parecemos heterodoxos. Mis argumentos son varios. En primer lugar, saltarse a la torera Tratados internacionales que tienen rango constitucional no es buena idea. No solo está en juego la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas sino la credibilidad de todo el proyecto europeo. Bien es cierto que la crisis de confianza es tan seria que la supervivencia de la moneda única, e incluso de la propia UE, están en juego. Pero ese es un asunto de naturaleza política y no puede resolverse con el parche del BCE financiando a gobiernos e inundando de dinero la economía.

Hay que mejorar considerablemente la gobernanza económica de Europa e incluso realizar modificaciones sustanciales de los Tratados. Pues bien, manos a la obra.

Llevamos años (de crisis) de retraso. Esto sería mejor que correr campo a través y sin criterios. Y si la reforma se comienza a plantear con sentido, el acuciante factor tiempo no es tan agobiante. Los mercados, que saben viajar muy bien en el tiempo, percibirán que hay una meta institucional sólida al final del recorrido y lo descontarán desde el primer momento.

Un segundo argumento tiene que ver con lo que sabemos sobre la eficacia de la política monetaria. Hay bastante consenso en que alterar la cantidad de dinero que circula en una economía no tiene efectos permanentes a largo plazo sobre la renta y el empleo. Darle a la máquina de fabricar dinero no es la solución a la crisis económica. ¿Que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra lo hacen? Allí las condiciones son otras. De entrada tienen una moneda propia (que pueden depreciar) y Europa no; los países de la Zona Euro tenemos una moneda común, que no es lo mismo. Además, sus mercados son bastante más flexibles que los nuestros. Y otro hecho diferencial: cuentan con una política fiscal muy integrada para todo el territorio.

De ahí procede mi tercer argumento. Europa se ha construido sin suficiente coordinación fiscal. Y no solo entre los Estados Miembros, sino también entre los distintos gobiernos regionales y locales que componen países como el nuestro. Y de esos polvos, estos lodos. Rescates encubiertos, indisciplina fiscal, cambios normativos sobre estabilidad presupuestaria endógenos (es decir, provocados por la coyuntura política). Nada de esto debe seguir en vigor. Poner al BCE a taponar estas heridas es como pedirle a un oftalmólogo que cure una úlcera de estómago.

Las soluciones a este desaguisado europeo han de ser políticas. Implican resolver de forma definitiva la insolvencia de Grecia, ceder soberanía nacional y adoptar nuevos conceptos y aplicaciones de la idea de responsabilidad fiscal. Habrá que convencer a muchos alemanes de que es mejor un euro bien diseñado que una Europa dividida, a bastantes franceses de que tenemos que convivir con los mercados, a los españoles de que no se puede vivir indefinidamente por encima de sus posibilidades, a los italianos de que su gobierno debe coadyuvar al crecimiento económico, y no al revés, etc. En resumen, política de alta graduación que trasciende al BCE.