Gumersindo Ruiz

Catedrático de Política Económica Universidad de Málaga

Muy al principio de la crisis, entre los diversos fenómenos que se identificaban en los orígenes de la misma, se veía que el endeudamiento era la causa última de los males de la economía mundial. Esto es especialmente cierto para España, y en torno a ello podemos desarrollar dos ideas. La manifestación más clara del endeudamiento aparece en los desequilibrios de las balanzas comerciales y de capitales. Hay economías con superávit permanente, y otras con déficit que persiste; cada uno de estos grupos supone aproximadamente un tercio positivo y negativo de los desequilibrios mundiales, y el otro tercio corresponde a países con equilibrio. Los nuevos países exportadores tienen bajo consumo interno y abundante ahorro, y han generado excedentes de divisas que tenían que invertirse en la deuda emitida por los deficitarios, así como en los sofisticados productos financieros que se creaban para intentar proporcionar algo de rentabilidad a esta enorme oferta financiera. China es un paradigma de lo que decimos, el gran exportador, compra también la deuda norteamericana y, según hemos visto a medida que se suceden los episodios de ataque a la deuda pública, la que absorbe deuda griega, portuguesa, italiana, y también española. En el ámbito privado, en Alemania, otro país exportador, los bancos locales también invertían en productos financieros complejos, en una economía con abundante ahorro y sin la fuerte demanda de préstamos hipotecarios que había en otros lugares como Estados Unidos, Irlanda, o España.

Lo anterior tiene un origen principalmente comercial; pero también –y es la segunda idea– los flujos financieros que equilibran contablemente los déficit comerciales de los países se reflejan en las balanzas por cuenta corriente, señalando que un país se financia del exterior. Esto puede tener diferentes aplicaciones, pues un país recibe recursos financieros y los utiliza para consumo interno, construir viviendas, infraestructuras, o inversiones empresariales. Si se mantiene un consumo excesivo permanente y las viviendas no se venden es negativo; si el consumo es temporal y útil para relanzar la actividad económica, y las viviendas son demandadas por nacionales y extranjeros, la financiación ha encontrado un destino adecuado. Lo mismo ocurre con la productividad de las infraestructuras y de las inversiones en empresas. “La deuda no es un pecado –dice Martín Wolf– siempre que esos fondos aseguren mejores infraestructuras para el futuro. Sin embargo, el consumo insostenible ha de cortarse”. La conclusión es, pues, que la inversión y los activos es lo que importa. Puede dudarse de si las inversiones en infraestructura en España y Andalucía han resultado caras, pero están ahí, y trenes de alta velocidad, puertos, aeropuertos, carreteras, instalaciones de todo tipo, ayudan a crear un flujo sostenido de renta y productividad; quizás otras infraestructuras en el ámbito local y de las comunidades autónomas no tienen un reflejo productivo tan claro.

El caso de España es un compendio de todo lo anterior, pues tenemos un déficit secular en la balanza comercial, que se compensa con ingresos por turismo y flujo de inversiones que viene a nuestro país. El problema surge cuando las empresas, y las familias, se endeudan para promover y construir viviendas que luego pierden valor como activo y dan lugar a una secuencia de acontecimientos negativos que dificultan el pago de la deuda asumida. El sistema financiero encuentra recursos fácilmente en el exterior, y luego los préstamos que ha dado y los activos en que ha invertido son una losa en sus balances que impide su buen funcionamiento. Pero era alarmante ver –y no se hizo nada- cómo la relación entre crédito y depósitos pasaba del 80 por ciento a principios de los años 90 al 100 por ciento en 2000, y casi al 150 por ciento en 2007. La deuda de las empresas estaba alrededor del 50 por ciento del producto bruto de la economía, a comienzos de los 2000; es verdad que mostraba una tendencia ascendente, pero a partir de 2004 el crecimiento es espectacular y supera el 120 por ciento del producto bruto. Sabemos que una parte significativa de este endeudamiento se da no para realizar inversiones productivas y capitalizar empresas, sino en operaciones de compra de unas empresas por otras, mediante préstamos. En cuanto al sector inmobiliario, en 2006 el 60 por ciento de todo el crédito al sector privado en España va a financiar la promoción y compra en este sector. En cuanto a capitalización empresarial ocurre lo mismo, el sector inmobiliario y los sectores que junto con él forman lo que se llama “el macrosector de la construcción”, absorbe a partir de 2001 más de la mitad del capital societario invertido (que ya de por sí es escaso en relación al crédito).

El comportamiento de las familias es muy similar; de unos niveles relativamente modestos que apenas superaban el 30 por ciento del producto bruto de la economía, pasan a 50 por ciento en 2004 para dar, en sólo tres años, un salto hasta niveles cercanos al 90 por ciento. Pero el caso más llamativo es el endeudamiento de las administraciones públicas, que desde 2008 inician un descenso importante, llegando a ser sólo el 35 por ciento del producto bruto de la economía; una deuda extraordinariamente reducida en comparación con prácticamente cualquier país. Y esto ocurre con distintos gobiernos en el poder y en las comunidades autónomas. Son conocidas las causas del endeudamiento: menores ingresos por recaudación por la crisis, mayores gastos ocasionados por las prestaciones por desempleo, que llevan a una deuda del 65 por ciento del producto, con tendencia a crecer. También el Estado se convierte en avalista de una economía deteriorada: avales para entidades financieras y para los títulos con los que se financia el déficit de tarifa eléctrica, por ejemplo. Las incertidumbres sobre la economía española y su capacidad de recuperación provocan especulación en los mercados financieros, que se manifiesta en el aumento del diferencial de tipos de interés que se exige de España respecto a la deuda de Alemania. De todas formas, los tipos de interés son muy bajos y si a principios de la década 2000 la deuda pública española viva pagaba de media un 5,69 por ciento, a finales de 2010, pese a todo, era sólo un 3,60 por ciento. A futuro, la estabilidad de la deuda pública dependerá de la capacidad del estado para generar ingresos y reducir gastos, así como del compromiso de los países europeos para mantener estable el euro y, principalmente, de las actuaciones del Banco Central Europeo, dando liquidez en los mercados. Las consecuencias de las dificultades de financiación de bancos y cajas se manifiestan en falta de financiación a la economía real, por lo que habrá que complementarla con crédito oficial ágil y eficaz, y facilidades de liquidez del Banco Central Europeo que tengan como objetivo y condición que se den préstamos. El Estado debería auspiciar encuentros entre entidades financieras y no financieras para dar salida a situaciones de falta de liquidez. En cuanto a las familias, el proceso de reducción de la deuda con unos activos depreciados ha de llevar forzosamente a una mayor debilidad de la demanda interna y de las importaciones.