Catedrático de Análisis Económico. Universidad de Granada. Consultor de la Reserva Federal de Chicago

Ha sido catalogado como el año de la crisis financiera y económica, pero lo peor es que no será el último. La velocidad e intensidad con que se han producido los acontecimientos en el sector financiero, y su relevancia cuantitativa y cualitativa han alcanzado, sin duda, proporciones históricas. La mayor parte de los analistas y responsables de política económica afirman que los riesgos no han desaparecido y que las medidas adoptadas han permitido recuperar algo la confianza en el sector financiero en el corto plazo pero hay más dudas sobre el medio y largo plazo y sobre la incidencia futura de la crisis en la economía real sobre las entidades bancarias.

Entre todos los eventos –caídas bursátiles, intervenciones de bancos centrales, quiebras y rescates bancarios– el 15 de septiembre de 2008 marca un punto de inflexión, cuando el gobierno de Estados Unidos decide no intervenir y no rescatar al banco de inversión Lehman Brothers, presuponiendo que su caída no iba a generar una crisis sistémica y que se sentaría un precedente de disciplina. Sin embargo, ahora ya se puede afirmar sin tapujos que dejarlo caer fue un error con costes mucho más elevados que los de intervenir. La quiebra Lehman se esparció por todo el sector bancario internacional. Numerosas intervenciones se sucedieron desde entonces a ambos lados del Atlántico entre las cuales, hasta la fecha, destaca el rescate de Citigroup en Estados Unidos y las consecuencias del fraude de Madoff.

El sector bancario español (y, por tanto, el andaluz) se enfrentó a la crisis con dos componentes diferenciales, uno positivo y otro negativo. El favorable es que en España las entidades bancarias estaban poco expuestas a los títulos americanos sobre hipotecas subprime (aunque sí a los títulos de Madoff) y, además –en buena medida por la acción previsora del Banco de España– se encontraban al comienzo de la crisis bien capitalizadas y habían dotado provisiones extraordinarias para afrontar situaciones como las que sobrevinieron. Sin embargo, el rasgo diferencial negativo es la elevada exposición al mercado inmobiliario interno, un segmento abocado a una severa corrección en los próximos dos o tres años. Por el momento, los intermediarios financieros españoles resisten con entereza y el problema de liquidez se ha atenuado algo dado que se han arbitrado suficientes medidas para suplir –al menos a medio plazo– a los maltrechos y estancados mercados interbancarios y de bonos. Sin embargo, el aumento actual y previsto del desempleo dibujan un tenebroso panorama para la morosidad. Al cierre de 2008, se estima que el porcentaje de créditos morosos se encontraba entre el 3,5 y el 5 por ciento. En 2009, este porcentaje podría alcanzar el 7 o el 8 por ciento.

¿Qué le espera a los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito españolas (y a las andaluzas)? Dependerá tanto del entorno macroeconómico anteriormente descrito, como de la llamada nueva regulación financiera y de la respuesta estratégica de las entidades bancarias. En lo que se refiere a la nueva regulación, existe un cierto consenso respecto a algunas premisas sobre las que se asentará. En general, aumentarán las exigencias de recursos propios, algo que el mercado también demanda. Asimismo, habrá una regulación específica y exigente de los vehículos estructurados de inversión. Por otro lado, la supervisión internacional deberá realizarse en base consolidada.

En el corto plazo, el gobierno español, en consonancia con otros miembros del Ecofin, adoptó en octubre de 2008 medidas urgentes en relación al sistema financiero para aumentar las garantías en los depósitos bancarios y crear fondos de adquisición de activos y mecanismos de liquidez suficientes para solventar los problemas más urgentes y contingentes. Si bien aún es pronto para conocer la incidencia de estas acciones, se trata de medidas, por lo general, de carácter preventivo –dado que en España no se han vivido, de momento, episodios de quiebra bancaria como los ocurridos en otros países europeos durante esta crisis– y que aportan estabilidad al sistema.

En cuanto a la respuesta estratégica de los bancos y cajas, los datos parecen confirmar la tendencia hacia una mayor capitalización y, en conjunto, en 2008 los recursos propios bancarios aumentaron aproximadamente un 15 por ciento. Por otro lado, la rentabilidad de las entidades de depósito se verá mermada. Además, en los próximos años, el negocio bancario no será tan boyante y las instituciones bancarias lo saben.

Estos horizontes de corto y largo plazo han traído consigo un debate sobre la posible integración entre entidades financieras. Se prodigan los comentarios y anuncios al respecto, especialmente dirigidos al sector de cajas de ahorros, aunque alcanzarán a buen seguro a un conjunto más amplio de entidades. Conviene recordar que hay dos tipos de fusiones, las reactivas y las proactivas. En las reactivas, al menos alguna de las entidades involucradas presenta problemas de solvencia. Las proactivas se realizan principalmente en momentos de estabilidad (aunque la estabilidad no sea completa) y se hace para ganar eficiencia. Las fusiones reactivas suelen venir impuestas por las entidades supervisoras y el Banco de España ha venido anunciando estos meses una mayor consolidación en 2009, que puede ser un año de fusiones bancarias. Lo que es preciso, con consolidación o sin ella, es que las entidades de depósito españolas salgan de la crisis fortalecidas y, de este modo, coadyuven a la recuperación económica.