Una juez de Barcelona ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones contra 21 mujeres que practicaron abortos presuntamente ilegales en las clínicas del doctor Carlos Morín.

La titular del juzgado de instrucción número 33 de la capital catalana, Elisabeth Castelló, subraya en los autos que ese grupo de mujeres, que declararon como imputadas por un delito de aborto, se sometieron a las interrupciones de embarazo presumiblemente ilegales "con el convencimiento de que su actuación era legal".

Esa trama de abortos supuestamente ilegales practicados en centros de Barcelona del doctor Carlos Morín, especialmente en mujeres en avanzado estado de gestación, fue descubierta a raíz de un reportaje de la televisión danesa en 2006 y se investigó en España tras una querella presentada por la asociación E-cristians.

Según se desprende de las palabras de las 21 mujeres que declararon ante la juez, éstas decidieron abortar en los centros de Morín porque estaban reconocidos por la Generalitat de Cataluña y los facultativos que las atendieron, "que debían informarles correctamente sobre su conducta", les aseguraron que era legal, señala la juez en sus autos.

Pese a que la juez cree que hay indicios que acreditan que los abortos a los que se sometieron las pacientes no respetaban las excepciones previstas por la ley, también considera que a las mujeres no se les puede imputar un delito de aborto porque desconocían que lo pudieran estar cometiendo.

Por ello, y con el fin de "no criminalizar indebidamente por más tiempo una conducta que no puede merecer un reproche penal", la juez ha decidido decretar el sobreseimiento provisional de la conducta imputada a las mujeres una vez que ya les ha tomado declaración para instruir la trama de presuntos abortos ilegales.

En los autos, la juez subraya que en casos similares anteriores las únicas condenas firmes han recaído en los profesionales que practicaban las interrupciones ilegales, que debían conocer "inexcusablemente" el marco legal.

Asimismo, Castelló remarca que en España "los tecnicismos del sistema penal sobre el delito de aborto" hacen que su comprensión por el común de los ciudadanos resulte "harto difícil" e impiden que cuando una mujer se encuentra en la tesitura de un embarazo no deseado no pueda siquiera llegar a saber si su conducta constituye un delito.

A la espera de analizar uno a uno cada caso, la Fiscalía ya ha avanzado que previsiblemente no formulará ningún recurso contra el sobreseimiento respecto a las mujeres, ya que considera "acertados y razonables" los puntos expuestos por la juez en su auto.