La desescalada está llegando a su fin para meternos de lleno en la "nueva normalidad". Si echamos la vista atrás, con todo lo pasado debido a la crisis sanitaria mundial por el coronavirus, puede parecernos que hemos vivido una pesadilla digna de ser contada en una serie de Netflix. Pero, si creíamos que todo iba a volver a ser como antes, la nueva realidad nos está dejando pildoritas de abuso y descontrol recordándonos lo lejos que estamos de vivir en un mundo ideal.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción de Andalucía (FACUA) llevan tiempo recibiendo quejas de usuarios que están en desacuerdo con el cobro de suplementos -tasa Covid- de los servicios de desinfección de algunos centros y comercios. Sobrecostes que pueden oscilar entre 1,50 euros hasta incluso los 60 euros como ha sido el caso en alguna clínica dental o taller de vehículos.

Práctica ilegal

La polémica tasa ha llegado hasta las residencia de mayores y, según alerta en un comunicado, FACUA-Consumidores en Acción tacha de "abusivo e ilegal" aplicar a los usuarios de estos centros un recargo por las medidas obligatorias de seguridad que deben adoptar a raíz de la pandemia por coronavirus.

Y es que la asociación ha tenido conocimiento de que varios de estos centros están cobrando a sus ancianos residentes un recargo por los gastos extras y recuerda, a ese respecto, que el Ministerio de Consumo ya aclaró cuando se comenzó a aplicar este sobrecoste que la tasa Covid es una práctica ilegal.

Sin embargo, muchas residencias, con el objetivo de impulsar esas medidas extra de seguridad para los centros, incluyen ya en la factura -y de manera unilateral- una aportación adicional de carácter temporal de, algunas de ellas, hasta más de 80 euros mensuales. Se trata, explican, de una "aportación discrecional" que, en la mayoría de los casos, se aplicará hasta diciembre de 2020.

Por este motivo, FACUA asegura que va a presentar denuncias contra estos centros de mayores que apliquen el cobro indebido a las personas residentes en ellos ante la autoridad de consumo autonómica que corresponda. También enfatiza que, al igual que ocurre en otros sectores -ya sea hostelería, clínicas dentales o del automóvil-, aun cuando se informe a los usuarios de que se le va a cobrar un suplemento no lo convierte en legal.

Por ello, reiteran lo ilícito de esta práctica y demanda a las autoridades competentes a multar a las residencias que caigan en este abuso.