El Gobierno reducirá un quince por ciento la paga de los cuidadores familiares de personas dependientes y dejará de hacerse cargo de la cotización a la seguridad social de los no profesionales que se incorporen a partir de ahora al sistema. Estas son algunas de las propuestas de reforma de la ley de dependencia que ha planteado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según han informado a los medios las consejeras de Galicia y Canarias.

La consejera de Trabajo y Bienestar gallega, Beatriz Mato, y la de Política Social de Canarias, Inés Rojas, han abandonado antes la reunión, en la que Mato explica a las CCAA la propuesta de reforma de la ley que llevará el próximo viernes al Consejo de Ministros y que, entre otras cosas, modificará la aportación de los usuarios al sistema. La consejera canaria ha indicado que la actual ley da prioridad a los servicios profesionales y tiene como excepción el cuidado de los dependientes por parte de los familiares, un aspecto que la reforma planteada por el Ministerio pretende reforzar.

Por eso, reducirá el quince por ciento la prestación económica que el Estado aporta por el cuidado de los dependientes en el entorno familiar. "En estos momentos, el Estado quiere primar a las comunidades que apostamos por los servicios profesionales y no por los cuidadores familiares", ha afirmado Rojas. Ha destacado que Canarias ya prioriza la atención profesional también en el domicilio de los dependientes, porque, ha dicho, genera más empleo, proporciona una atención de mayor calidad a los usuarios y, además, "saca y libera a las mujeres", que son las "eternas cuidadoras".

En este sentido, ha apuntado que se cambiará el criterio de asignación del dinero del Estado a las comunidades. De esta forma, si hasta ahora recibían más las que mayor número de usuarios tenía y con una gravedad mayor, con la reforma se tendrá en cuenta también la gestión que cada comunidad haga de su red de servicios.

Rojas también ha explicado que con la modificación de la ley desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia. Por su parte, Beatriz Mato ha hecho una valoración "positiva" de los acuerdos que se están alcanzando en el Consejo ya que, ha dicho, permitirán que desde las comunidades autónomas se incorporen al sistema nuevos dependientes, si bien ha admitido que a corto plazo no lo van a hacer todos.

En ese sentido, ha precisado que se aplazará hasta el año 2015 la incorporación de personas dependientes de grado 1, mientras que se mantendrá la de los valorados en grados 3 y 2. Asimismo, el Gobierno ha planteado mantener el pago de la Seguridad Social a los cuidadores no profesionales que ya estaban dados de alta, pero no financiarla en el caso de los familiares de nuevos dependientes.

La consejera gallega, que ha admitido que las medidas que se han tomado son "difíciles", ha dicho que el Gobierno ha facilitado a los consejeros un calendario a cinco años con una ponderación económica, pero ha pedido que el porcentaje aportado sea mayor y se lleve a cabo en menos plazo porque "el espíritu de la ley es fomentar los servicios frente a las pagas". No obstante, ha señalado que a su juicio el Gobierno "apuesta por el futuro de la ley de dependencia y por su sostenibilidad", algo que a su juicio "hay que tener en cuenta", dadas las circunstancias económicas.

Andalucía cree que reforma supondrá perder 7.000 empleos en ayuda a domicilio

La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado que la reforma de la ley de la dependencia supondrá una disminución de 7.000 puestos de trabajo en su comunidad "solo de ayuda a domicilio", unas "de las muchas prestaciones" de la norma actual.

Montero ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que no reduzca las partidas en gasto público, porque la disminución en las políticas sociales "puede suponer un agravamiento de la crisis".

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera ha precisado que de la documentación que conocían sobre la reforma apreciaban "la misma tónica" que en otras partidas sociales, "con un empecinamiento del Gobierno en la disminución del gasto público", lo que genera disminución del PIB y menor posibilidad de crecimiento en el futuro. Para la consejera, en Andalucía es especialmente importante el modelo de atención a la dependencia y ha rechazado que las propuestas del Ministerio "pasen por la institucionalización de las personas dependientes" y que dificulten que la persona permanezca en el entorno familiar.

Ha precisado que en la reforma no han participado las comunidades autónomas y que responde más a una perspectiva vista desde las grandes ciudades, "particularmente, desde Madrid" y no tiene en cuenta "la ruralidad", ni que en la mayoría de los sitios "la familia es el soporte" de los dependientes, que prefieren permanecer en su entorno "con unos instrumentos adecuados" y no ser ingresados en una residencia. Montero ha indicado que Andalucía defenderá que no sea ese el modelo predominante, sino que cada autonomía pueda adaptar mejor la propuesta de atención en función de su realidad sociológica y las expectativas de los propios ciudadanos.

Ha rechazado también que se vaya a incrementar el copago de los ciudadanos y que la aportación del Gobierno central sea menor, que ha cifrado en Andalucía en una disminución de 70 millones de euros respecto al año anterior. En su opinión, a personas que están, "prácticamente", en el umbral de pobreza no se les puede obligar a pagar por los servicios de la dependencia, por lo que éstas no solicitarán la ayuda a domicilio o cualquier otra prestación.