La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado en el Congreso las medidas que aplicará el Gobierno para revertir los recortes del PP y ha recalcado que no se van a "cerrar" ni a "atacar" los centros concertados, añadiendo que decir lo contrario "son fake news".

Celaá ha comparecido a petición propia y también de PP, Unidos Podemos y Grupo Mixto para especificar unas propuestas recogidas en un anteproyecto de ley que debe ser aprobado en Consejo de Ministros. En el inicio del curso académico 2018-19 (los primeros alumnos en volver a las aulas han sido los del municipio murciano de Cehegín), Celaá ha criticado que en 2012 el PP "tocó por decreto ley lo que nunca debiera ser tocado: la educación, algo que jamás tocan los países más avanzados".

El documento de Educación contempla que las comunidades autónomas puedan establecer el número de horas lectivas semanales de los docentes, tanto en los centros públicos como concertados. En la actualidad, tienen un mínimo de 25 horas lectivas para Infantil y Primaria y 20 en ESO, ha recordado Celaá, aunque ha aclarado que los límites de la jornada laboral para los docentes seguirán siendo iguales, pues se habla solo de la "carga lectiva" y no del tiempo que se dedique a tutorías u otras labores.

El anteproyecto de ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria también establece que las comunidades proveerán los recursos necesarios para garantizar el número máximo de alumnos por aula en Primaria y ESO. Además, los profesores sustitutos podrán ser nombrados desde el momento de su baja, sin que el centro tenga que esperar diez días como fijó el PP.

Estas tres medidas, que han sido aplaudidas por el PSOE, no implicarán aumento del gasto público, según Celaá. "Aquí no se agotan los deberes ni nos agotamos nosotros, estamos empezando", ha enfatizado Celaá a la oposición, especialmente a los que le han exigido la derogación de la Lomce (Grupo Mixto, ERC y Unidos Podemos) y una nueva ley.

Ha recordado que llevan solo cien días en el Gobierno y que acometen ahora la modificación de los artículos "más vulneradores del principio de equidad de la Lomce", ley que ha calificado de "procedimiento ideológico de bajo coste de la educación".

Desde Ciudadanos, Marta Martín, ha recriminado que se aprueben decretos leyes para "exhumar a Franco y renovar RTVE" y se recurra, en cambio, a un anteproyecto de ley para mejorar "algo que es urgente como la educación".

La escuela concertada ha protagonizado gran parte del debate en la Comisión, donde Celaá y la portavoz popular Sandra Moneo han tenido un rifirrafe dialéctico sobre cómo entienden el artículo 27 de la Constitución. Moneo ha dicho que la elección de centro está garantizada desde la Constitución de 1812 y que aunque en la actual no se fijó "específicamente", se "derivaba" del artículo 27.3.

La ministra ha dicho a Moneo que tenía "errores de apreciación" y que la contestaba también "con la Constitución", la cual defiende "la libertad de enseñanza" en lo que afecta a la creación de centros o libertad de cátedra. Celaá ha insistido en que la red pública debe ser "el eje vertebrador" del sistema y el poder público tiene que garantizar el derecho a la educación en todos los casos, incluso en las zonas "donde la escuela concertada no llega y no tiene obligación de llegar". "Es el momento de abrir las dos redes (pública y concertada) a la igualdad de condiciones", como la atención a la educación especial y a la emigración y a los estratos sociales más desfavorecidos, ha añadido.