La organización española Profesionales Por la Ética (PPE) anunció ayer que intentará que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncie sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La asociación argumentó, en la presentación de un informe en la sede del Parlamento Europeo, que la asignatura contradice el derecho de los padres para la educación de sus hijos según sus convicciones religiosas y filosóficas, incluido en el Artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

PPE intentará que el debate llegue también hasta el Parlamento Europeo, para que éste inste al Gobierno español a que "desista de implantar unos contenidos contrarios a la libertad de educación y de conciencia", según declaró José Luis Bazán, experto jurídico de la organización. Para ello, PPE, que afirma estar compuesta por profesionales que trabajan desinteresadamente "por la promoción y defensa de los valores éticos en la vida pública", distribuirá un manifiesto entre los europarlamentarios con objeto de recabar apoyos.

Éste sería el primer paso que la asociación quiere dar en el contexto europeo. Al mismo tiempo, pretende llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo, según dijo Bazán.

La postura de PPE contó con el apoyo de la eurodiputada y ex ministra de Educación, Pilar del Castillo (PP), quien subrayó que desde su partido se reclama "que no exista la obligatoriedad de esta asignatura o que se retire su contenido ideológico".

La eurodiputada socialista María Badía afirmó por su parte que llevar al Parlamento Europeo este debate sería "infundado" y "no constructivo".