A principios de agosto una veintena de científicos españoles, entre los que estaban Alberto García-Basteiro, Margarita del Val y Carles Muntaner, pidieron a través de una carta publicada en The Lancet una "evaluación independiente e imparcial, por un panel de expertos internacionales y nacionales" de la gestión del coronavirus en España

Reclamaban analizar las acciones de los ejecutivos central y autonómico en "tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa". No para repartir culpas, explicaban, sino para averiguar cómo es posible que España, que "tiene uno de los sistemas de salud con mejor desempeño del mundo", esté ahora en la posición frente al coronavirus en la que se encuentra con más de 300.000 casos y 28.498 muertes, "más de 50.000 trabajadores de la salud infectados y casi 20.000 muertes en residencias de ancianos" (todos estos datos se refieren a principios de agosto; los datos son mucho peores ahora).

¿Independiente?

Unos dos meses después de esa carta en la que se hablaba de "falta de preparación" y "respuesta tardía" ha llegado la respuesta de las administraciones: una evaluación que han bautizado como "independiente" pero que estará dirigida por el Ministerio de Sanidad y las respectivas consejerías del ramo. 

Según ha indicado el departamento que dirige Salvador Illa en una nota, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) ha acordado poner en marcha en noviembre (sí, en noviembre) esta evaluación.

Ministro y consejeros han aprobado crear un grupo de trabajo que definirá el marco de dicha evaluación y que estará formado por la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que lo presidirá, y por un representante de cada una de las comunidades y ciudades autónomas, designado por los propios consejeros.

En sus reuniones, se indica, "podrán" ser asesorados y estar acompañados por técnicos y expertos de sus respectivas administraciones. Este grupo de trabajo elaborará una propuesta de marco evaluador del Sistema Nacional de Salud (SNS) y definirá las líneas de evaluación, el alcance, los objetivos, los parámetros y todos aquellos elementos necesarios para llevar a cabo una evaluación independiente.

Una evaluación sobre la que no se aclara si la llevarán a cabo los equipos del Ministerio y las consejerías o expertos y científicos verdaderamente independientes, al margen de la esfera política.

Lo que sí está claro es que la cosa va para largo. Según continúa la nota, el grupo de trabajo tiene un "plazo máximo de un mes para elevar sus conclusiones al pleno del Consejo Interterritorial para su toma en consideración".

Esta evaluación, se asegura, permitirá "adoptar las decisiones conjuntas que correspondan para reforzar la vigilancia epidemiológica, los servicios de salud pública y el conjunto del sistema asistencial" para, según el Ministerio de Sanidad, "transitar hacia un SNS más robusto, flexible y resiliente que permita afrontar con las máximas garantías los futuros desafíos y crisis sanitarias". ¿Servirá de algo? Eso esperamos. O al menos que sea más útil que la comisión del Congreso sobre la "reconstrucción".