La delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, anunció la creación de una comisión de trabajo con la Federación Madrileña de Municipios (FMM) para delimitar y debatir las ordenanzas municipales sobre las condiciones de aplicación de la conocida como 'ley antibotellón', que entró en vigor en 2002. Por su parte, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid pidió un debate moderado y contenido en torno a lo sucedido el último fin de semana en Pozuelo de Alarcón. Asimismo, defendió que "no es serio decir" que estos incidentes se deben al paro.

La idea de esta comisión salió de un encuentro mantenido entre la delegada del Gobierno en Madrid y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, para abordar la batalla campal sucedida este fin de semana en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, donde fueron detenidos veinte jóvenes y diez policías resultaron heridos. Así, esta comisión establecerá planes locales y autonómicos para ofrecer a los jóvenes madrileños una alternativa de ocio y cultura saludable.

Valcarce también explicó que en la comisión se trasladará a los ayuntamientos de la región la necesidad de "cumplir y hacer cumplir" la Ley Autonómica de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, conocida como 'ley antibotellón'. Para ello, este grupo de trabajo contará con la presencia de asociaciones juveniles, de padres y vecinales para "concienciar sobre la gravedad que supone que los hechos de la madrugada del domingo vuelvan a repetirse".

Asimismo, la delegada del Gobierno aseguró que habrá un refuerzo especial a nivel policial, en coordinación con los policías locales y la Guardia Civil, para las fiestas que se celebrarán en los próximos días en los diferentes municipios madrileños, con el objetivo de asegurar la seguridad de los ciudadanos que acudan a divertirse.

Con este objetivo, Amparo Valcarce se refirió también a la necesidad de incidir en la educación en valores, algo en lo que coincidió Francisco Granados. "Esto del sábado no puede salir gratis ni a los adultos ni a los menores a través de sus padres, que tienen la responsabilidad de inculcarles valores", aseveró el consejero al respecto. Y es que para Granados, la responsabilidad total y absoluta de lo ocurrido en Pozuelo corresponde a "los energúmenos" que se dedican a "agredir a los policías, a destrozar el mobiliario público y a violentar la convivencia de las personas". 

El consejero aseguró también que tanto él como Valcarce están "de acuerdo" en que la coordinación que hubo la madrugada del domingo entre la Policía Nacional y la Policía Local de Pozuelo funcionó "correctamente". "El dispositivo desplegado era el habitual en cualquier fiesta, incluso estuvo sobredimensionado", recalcó.

Finalmente, ambos insistieron en que los responsables asumirán las consecuencias de sus actos, tanto por la vía penal como por la Administrativa. Así, en la vía penal, los trece adultos detenidos quedaron ayer en libertad a la espera de nuevas diligencias, ya que la investigación continúa abierta. A todos ellos se les acusa de desórdenes públicos, daños al mobiliario público y atentado contra agentes de la autoridad. Mientras, los siete menores detenidos pasaron hoy a manos de la Fiscalía de Menores.

Por su parte, la Delegación de Gobierno en Madrid ha abierto ya un expediente administrativo contra los jóvenes para el establecimiento de sanciones de tipo económico. "En estas cuestiones hay una responsabilidad. En un Estado de Derecho hay que cumplir la Ley. Hay que cumplir las sanciones", concluyó la delegada del Gobierno.

Otro de los organismos que ha hablado sobre los incidentes ocurridos en Pozuelo de Alarcón ha sido el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM), que pidió que en el debate público se opine con moderación y autocontención y que no se argumente que este suceso se debe al desempleo y a la situación de crisis económica. "Pedimos a la clase política que no haya un uso interesado y partidista de esta situación. El desempleo y la precariedad que afectan a la población joven son muy graves, y más en las actuales circunstancias. Suponen el principal obstáculo de la juventud para emanciparse y desarrollar proyectos de vida autónomos, generan desigualdad y dificultan la inclusión social. Pero no es serio pensar que es la causa de estos incidentes, como se ha defendido públicamente, más si cabe cuando la práctica totalidad de las personas implicadas aún se encuentran en el periodo de formación previo a su incorporación a la vida laboral", mantiene el Consejo en una carta abierta.

Además, piden que se tenga en cuenta la excepcionalidad de lo sucedido para no etiquetar ni criminalizar a generaciones completas de jóvenes. No obstante, el CJCM considera "muy grave" el desorden generado, los daños producidos y el ataque a la autoridad aunque no considera que la solución a largo plazo se halle en la simple imputación de las personas detenidas.

"Es imprescindible abordar desde una perspectiva social lo sucedido en Pozuelo, y tratar de analizar las responsabilidades colectivas que todos tenemos", añaden al mismo tiempo que reclaman una reflexión sobre lo sucedido ya que, a su juicio, repasar el papel de los diferentes agentes educativos y socializadores, probablemente ofrezca pistas interesantes para comprender la situación actual. La familia, los hermanos mayores, los medios de comunicación, los amigos y las asociaciones juveniles son algunos de los elementos a analizar según el CJCM.