Imaginemos que vamos al supermercado y podemos consultar en la etiqueta del producto que adquirimos cuál es el propósito social de la empresa en cuestión - como si del valor energético o el contenido de azúcar se tratara-, y ver los resultados que van consiguiendo para poder compararlo con los demás productos. Imaginemos que cada presupuesto de los servicios que necesitamos contratar especificara los datos sociales de la empresa que nos lo ofrece. Imaginemos que en las contrataciones públicas el criterio social puntuara siempre, y con suficiente peso y coherencia. Imaginemos todo eso y habremos llegado a un futuro ideal en el que la economía es lo que debe ser: un motor de desarrollo socioeconómico y respeto ambiental. Ahora abramos los ojos.

Lo cierto es que todo eso llegará a pasar de una u otra forma cuando el valor social de las empresas sea un criterio competitivo, como lo son hoy el precio, la calidad, el servicio post-venta, la agilidad en la entrega o la composición del producto, entre otros muchos factores.

Tampoco sería tan difícil, ¿verdad? Puede que no hayamos imaginado un futuro tan descabellado. De hecho, aunque sea por partes, algo se está haciendo ya. Primero las empresas que aportan valor social y lo cuentan. Y segundo la ley, que va exigiendo cada vez a más empresarios al menos información, lo que supone un buen primer paso hasta que llegue el segundo: el deber de contarlo públicamente.

Las empresas con Responsabilidad Social Corporativa se ocupan de que se conozcan sus esfuerzos y sus resultados, y desde sus estrategias de marketing responsable cuentan lo suyo. Muchas lo hacen directamente en sus productos, en cualquier canal directo con sus clientes, e involucran en sus propósitos sociales a sus trabajadores y a sus proveedores.

Pero las demás empresas, esas que informan de “boquilla” o no informan, en mi opinión, aún no conciben la economía como una herramienta de desarrollo social. Y esto último no tiene por qué ser de malas personas o de malos empresarios, pero desde luego no es de gente responsable. Al menos no es responsable con la sociedad que les compra.

Un paso al frente

Decía mi admirado escritor y periodista Eduardo Galeano que la utopía es eso que nos sirve para caminar en la dirección correcta. Pues en esa utopía con la que les he propuesto comenzar hoy esta lectura, existen dos decisivos pasos al frente que podemos dar. Uno ya lo hemos compartido muchas veces en estas páginas de ResponsHabilidades: el paso al frente personal de cada uno de nosotros, porque la fuerza del mercado la tenemos los consumidores y a veces parece que no queremos darnos cuenta. El otro paso al frente le corresponde a las instituciones públicas.

La contratación pública supone aproximadamente un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Es un dato recabado de la web del Observatorio de Contratación Pública que además se repite en otras numerosas fuentes. Así que doy la cifra por válida.

Eso supone unos doscientos mil millones de euros, o 200.000 millones, para quienes prefieran ver el número. Es muchísimo dinero que bien podría empezar a hacer verdad eso de que la economía es una herramienta fundamental de desarrollo social. ¿Imaginamos de nuevo?

Imaginemos que en todos los concursos de contratación pública se incluyen cláusulas o criterios sociales determinantes, y que se exigen compromisos concretos a las empresas que concurren. Imaginemos que esos criterios son coherentes con las necesidades sociales reales del entorno cercano de la entidad que contrata. Imaginemos que se solicitan evidencias y seguimiento de esos propósitos sociales por los que se adjudicó el contrato. Imaginemos que todos los que contratan miran de forma global los beneficios que unos, por no adjudicar a la oferta más barata, provoca en otros de forma indirecta. Espero que no sea mucho imaginar.

He leído recientemente en un blog de sostenibilidad que usar la bicicleta genera un beneficio social estimado de hasta 25 céntimos por kilómetro recorrido, mientras que usar el coche tiene un coste para la sociedad de 14 céntimos por kilómetro. En el mismo artículo se estimaba en 12 mil millones el ahorro que obtendría la sanidad como consecuencia de la mejor salud de los ciudadanos que usan la bicicleta. Todo es traducible a números, y por cuentas como esta puede resultar que la bicicleta o el carril bici más barato se convierta en la compra pública más cara. Eso es el retorno de la inversión social.

Las cuentas claras

La rentabilidad social en economía existe. Es una cifra que se puede calcular y se llama Retorno de la Inversión Social. Se trata del clásico concepto económico ROI (Return on Investment, retorno de la inversión) con una fantástica “ese” inicial: SROI.

El SROI no es fácil de calcular, mucho menos de estandarizar a todo tipo de empresas o sectores, y además en según qué aspectos sigue generando controversia. Sin embargo, es indiscutible que se puede hacer, y como casi todo, mejorar. Muchas organizaciones en el mundo la aplican, y hay empresas que han desarrollado sus propios modelos.

Así que mientras la legislación sigue avanzando en temas de ética y responsabilidad social, y mientras los cambios sustanciales provocados por la Ley de Divulgación de Información no Financiera se afianzan y evolucionan, bien podrían las instituciones públicas organizarse de forma global para actuar con impacto local a través de sus compras. Y ya de paso impulsar la investigación para desarrollar un método de cálculo de SROI más sencillo y fácil de implantar que los que existen.

Desde aquí me postulo. Me encantaría participar en un grupo de trabajo con ese objetivo. Porque sería genial para mí, en esta vida, ver el propósito social y el SROI en las etiquetas de todos los productos que compre. Quizás todo este último párrafo sí que ha sido mucho imaginar.