El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 con una estimación presupuestaria de 5.159 millones de euros para los próximos cuatro años, entre el Ministerio, las comunidades autónomas y las entidades locales. Es la primera vez que un Plan de Infancia está dotado con una memoria económica.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el Plan trata de "reforzar la protección de los menores en distintos ámbitos, especialmente en situaciones de violencia y de mayor vulnerabilidad". Además, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha señalado que este Plan de Infancia es "el más ambicioso de la democracia" y es "un instrumento integrador de todas las políticas de infancia, como un marco de consenso entre todas las administraciones públicas y entidades implicadas". Su "gran objetivo" es "mejorar el bienestar y la calidad de vida de los menores y favorecer el pleno desarrollo de sus capacidades".

Los ocho objetivos del Plan serán: conocimiento y sensibilización; apoyo a las familias y conciliación; seguridad en el uso de las nuevas tecnologías; atención prioritaria en colectivos con riesgo de exclusión social; prevención y rehabilitación de casos conflictivos; educación de calidad; y promoción de la salud y los hábitos saludables. El Plan, que considerará a los menores víctimas de violencia de género y procurará que estos permanezcan con su madre, incluirá un Registro Unificado de Maltrato Infantil y de Casos de Explotación Sexual; promoverá el acogimiento familiar; y elevará la edad para contraer matrimonio de 14 a 16 años. Además, contempla que los pacientes menores podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los 18 años y no hasta los 14, como hasta ahora.

Entre las 125 medidas, las más relevantes conllevarán una modificación normativa, a través de una Ley Orgánica para actualizar la legislación sobre protección a la infancia. La modificación afectará a once leyes, entre las que destacan el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley Integral de Violencia Género. Además, como novedad, el Gobierno incorporará un informe sobre el impacto en la infancia en todos los proyectos de ley y de reglamento, de la misma manera que ya ocurre con el impacto de género. 

En el marco del primer objetivo -Conocimiento y sensibilización-, se consolidará el Registro Unificado de Maltrato Infantil y el Registro de Casos de Explotación Sexual Infantil, que serán herramientas útiles para combatir estos abusos y se incluirá la aprobación de un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades, para facilitar la atención temprana y rehabilitación. Dentro del segundo objetivo --apoyo a las familias--, está previsto avanzar en medidas que favorezcan la conciliación y corresponsabilidad, que se concretarán en el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que se aprobará en los próximos meses. Asimismo, el Gobierno revisará algunas edades mínimas previstas legalmente, siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y del Consejo de Europa. Concretamente, elevará la edad para contraer matrimonio que, en la actualidad, se sitúa en 18 años, pero que mantiene una excepción para menores emancipados, que pueden casarse con hasta 14 años. Para elevar esta edad se incluirá una modificación en el Código Civil, consensuada con el Ministerio de Justicia, para elevar la edad a los 16 años. 

En cuanto a la edad del consentimiento sexual, fijada en 13 años -la más baja de los países del entorno-, se elevará con el fin de evitar los abusos a menores y luchar de forma más eficaz contra la pederastia. Mato ha propuesto que se haga buscando el consenso de todas las fuerzas políticas en el Parlamento. Por ello, ha apuntado que abrirán periodo de consulta con los partidos y las organizaciones de infancia. En relación con los medios de comunicación, Internet y las redes sociales, el Plan contempla que se potencien los sistemas de filtrado y la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como ciberacoso, ciberbullyng o childgrooming.

Además, el Gobierno va a definir por primera vez en una norma estatal las llamadas situaciones de riesgo y desamparo y priorizará la integración de estos niños, la atención a sus necesidades -sanitarias, educativas- y el acogimiento familiar sobre el residencial. Concretamente, se pretende que ningún menor de tres años en situación de desamparo tenga que pasar por un centro residencial, sino que se integre en una familia y así contrarrestar el hecho de que 35.000 niños en España están bajo tutela o guarda cuando muchas familias quieren adoptar. Para ello, se emplearán familias de urgencia que darán un acogimiento profesionalizado, y la figura de la guarda con fines de adopción que permitirá que un bebé dado en adopción al nacer por su madre biológica pase directamente a vivir con una familia, aunque la adopción definitiva la decida un juez.

Asimismo, la reforma de la legislación de la infancia introducirá novedades en las adopciones, como las adopciones abiertas, en las que el menor conserva ciertos vínculos con su familia biológica. Además, dentro del mismo objetivo, destaca la próxima presentación de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil. En cuanto a la violencia de género, el Plan incorpora garantías de protección de los hijos de las víctimas. Así, si desde principios de 2013, la estadística de violencia de género incorpora a los menores que quedan huérfanos por esta causa, ahora este Plan prevé reconocerlos como víctimas del maltrato. En estos casos, según el texto, se procurará que los hijos permanezcan con su madre. "Vamos a adaptar el protocolo de intervención en maltrato infantil a las situaciones de menores víctimas de violencia de género y de explotación sexual, impulsaremos un sistema para la detección precoz de estos situaciones de violencia con implicación de los centros docentes, el ámbito sanitario, el policial y los servicios sociales. Asimismo, vamos a trasponer la directiva europea relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil", ha puntualizado.

Por otra parte, el plan va a estudiar una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para dar respuesta a comportamientos graves y tiene como uno de sus objetivos garantizar una educación de calidad y promover medidas para prevenir el fracaso, el absentismo escolar y la atención a menores con necesidades especiales. El texto añade que se impulsará la gratuidad total de la educación infantil desde los tres años de edad y la atención educativa temprana de menores con discapacidad. 

En el ámbito de la salud, el Plan contempla unificar la normativa para homogeneizar la edad de acceso al consumo de alcohol en los 18 años -la edad de inicio es 13,7 años-. Igualmente, incluye permitir que los pacientes menores puedan permanecer en las unidades pediátricas hasta los 18 años y no hasta los 14 como hasta ahora. Además, recoge el refuerzo de la promoción de hábitos de vida saludables para evitar la obesidad, que afecta al 10% de los niños y adolescentes, y el sobrepeso, que afecta al 20%, según la última Encuesta Nacional de Salud. Asimismo, incluye medidas de prevención de embarazos no deseados, así como de promoción de la salud durante el embarazo, con especial apoyo a las adolescentes gestantes y madres y la puesta en marcha de una Estrategia de Salud Mental Infantil y Juvenil.