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Sociedad

Tampoco habrá pacto sanitario

  • Las posturas de PP y CiU hacen inviable la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el Congreso de los Diputados · Gaspar Llamazares lamenta que el interés político se imponga al beneficio de la sociedad

El presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, anunció ayer que el Pacto por la Sanidad "se ha roto", ya que los grupos no se han puesto de acuerdo sobre el documento que aglutina las propuestas para salvaguardar el sistema sanitario, debatidas durante dos años en el Congreso. El texto, presentado ayer por Llamazares en la última reunión de la subcomisión parlamentaria habilitada para este fin, encontró el rechazo de PP y CiU y la abstención del PNV.

La diputada del PP y vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, señaló que su partido presentará un voto particular contra el documento porque está "lleno de generalidades" y no contiene propuestas "claras" para solventar el déficit del sistema público de salud, que asciende a 12.000 millones de euros.

Tanto Llamazares como la portavoz socialista Pilar Grande han coincidido en achacar la postura de CiU y PP a "condicionamientos políticos", los primeros por afrontar un periodo electoral en Cataluña y los segundos por no querer dar "un triunfo" a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez. "Constatamos que no hay condiciones para el pacto sobre el futuro del Sistema Público de Salud", manifestó Llamazares, para insistir en que lo que "dificulta el acuerdo son razones de política electoral y de oportunismo político".

Ambos lamentaron que en un ámbito como éste, donde están en juego la salud y la calidad de vida de todos los españoles, sean razones "políticas" las que den al traste con el consenso que desde hace tiempo caracterizaba la Comisión de Sanidad.

No obstante, Pastor declaró a los periodistas que "la puerta sigue abierta" siempre que se consensúe un documento que haga propuestas "concretas" sobre "asuntos clave" que puedan salvaguardar el futuro del Sistema Nacional de Salud, y no un texto que, a su juicio, se limita a hacer un diagnóstico, en ocasiones equivocado, de la situación. "Estamos dispuestos a trabajar por un acuerdo, pero la propuesta que se ha hecho no incluye medidas claras y decididas para resolver los problemas reales de la Sanidad y, sin embargo, incluye otras cuestiones como la desaparición de Muface, con las que no estamos de acuerdo", aseveró.

Fuentes de CiU han coincidido con el principal partido de la oposición en que el documento ha rebajado sus aspiraciones iniciales en un intento de aglutinar la postura de todos y de ser "políticamente correcto".

Crear nuevos impuestos sobre el tabaco, el alcohol u otro tipo de fiscalidad para lograr una financiación adicional que asegure la suficiencia del sistema, son algunas de las propuestas que incluían las conclusiones de la subcomisión, elaboradas por Llamazares. La financiación adicional sería "finalista" e iría destinada a dotar sustancialmente el Fondo de Cohesión, para conseguir que haya equidad en los servicios que se prestan en las distintas comunidades autónomas.

Tanto PP como CiU entienden que los "graves problemas" de la Sanidad pública, aquejada de una "fuerte burocratización", no se resuelven "con impuestos que van de un lado para otro" sino llegando a su raíz y planteando una verdadera reforma.

La propuesta descartaba el copago de los servicios médicos aunque sí planteaba la revisión de lo que actualmente pagan los ciudadanos por los medicamentos.

Abogaba además por lograr un acuerdo amplio de las fuerzas políticas y las comunidades para pactar el proceso por el que los sistemas de mutualidades públicas, funcionarios civiles de la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas y la Justicia, se articulen e integren en el sistema general de asistencia sanitaria.

Los grupos, según el texto del diputado de IU, proponían reforzar el carácter vinculante de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para favorecer la cohesión básica acordada para el conjunto de los ciudadanos.

Demandaban, además, una política general de recursos humanos, en temas como la formación, la homologación, los perfiles profesionales, la formación continuada, el registro de profesionales y el marco retributivo.

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