Tráfico

Interior quiere limitar la velocidad a 90 km/h en todas las vías secundarias

  • El Gobierno también va actualizar el permiso de carné por puntos "en base a la experiencia acumulada"

  • Habrá una atención especial a los colectivos vulnerables como peatones, ciclistas y motoristas

Interior quiere limitar la velocidad a 90 km/h en vías secundarias. / EP

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este martes en la Comisión de Interior del Senado la intención de su departamento de rebajar la velocidad máxima permitida de 100 a 90 kilómetros por hora en todas las carreteras secundarias.

"Trataremos de reducir la velocidad máxima autorizada en las carreteras secundarias; no se asusten; el 77% de los fallecidos en carretera son en las vías secundarias con doble sentido compartida", ha señalado este martes en la Comisión de Interior del Senado, donde ha desgranado las líneas generales de la política de su departamento.

Actualmente, el límite en las vías secundarias está establecido en 100 kilómetros por hora, aunque en algunas carreteras es de 90, dependiendo del ancho del arcén. Según ha explicado Marlaska, su departamento tratará de igualar a 90 kilómetros por hora la velocidad en todas estas carreteras.

Para el ministro, esta medida supondría la "homologación" de España con los países de referencia de la UE y serviría para "simplificar el cuadro de velocidades límite" y para "facilitar la comunicación con el conductor".

Precisamente, la reducción de la velocidad ha estado sobre la mesa en la DGT desde hace años, con María Seguí y Gregorio Serrano al frente, pero en este tiempo no se hizo por "miedo", según desveló la exdirectora general del organismo entre los años 2012 y 2016. También Pere Navarro ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de reducir la velocidad en este tipo de vías, medida que confirmó en su comparecencia la semana pasada en el Congreso.

Esta es una de las medidas que pretende implantar el Ministerio del Interior en materia de Tráfico y Seguridad Vial. Según ha explicado, su departamento quiere "modificaciones puntuales" de la Ley de Tráfico para "resolver problemas concretos", lo que a su juicio es "mucho más adecuado y razonable" que si se hiciera "una reforma integral".

Además de bajar la velocidad, el ministro ha señalado que el Gobierno quiere actualizar el permiso de carné por puntos, una medida que supuso "un antes y un después" en la siniestralidad vial en España pero que fue implantada hace 12 años. Por ello, se hará una "revisión" del permiso "en base a la experiencia acumulada", donde se tendrán en cuenta las causas de la siniestralidad, como son las distracciones, primera causa de los accidentes mortales, por delante de la velocidad y del consumo de alcohol.

El Ministerio también tiene en mente una actualización -y en ello está trabajando ya, según ha informado el ministro- del plan de seguridad para motocicletas de 2008, que supuso en aquel año un "referente en Europa".

Asimismo, se está desarrollando una atención especial a los colectivos vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas), un colectivo que, según ha advertido Marlaska, podría superar por primera vez en la historia de España a los fallecidos de cuatro ruedas.

Con respecto a las nuevas tecnologías, el titular de Interior ha manifestado la intención de "ayudar y aprovechar los avances en seguridad de la industria del automóvil", como es el coche conectado, el coche eléctrico y la conducción autónoma, así como seguir participando en los trabajos realizados desde la Comisión Europea.

El objetivo, según Marlaska, es que España sea un "referente mundial" en materia de Seguridad Vial. "La política es Seguridad Vial es un binomio entre educación, formación, información y concienciación por un lado, y de vigilancia y control del cumplimiento de las normas de tráfico por otro", sostiene el ministro, para lo que ha pedido ayuda y colaboración para que se convierta en "política de Estado".

Tal y como ha afirmado, Interior pretende "colocar a las víctimas en el centro de la seguridad vial" adoptando medidas, pues España lleva cuatro años implementando el número de víctimas mortales. En 2017, hubo un incremento del 0,9% fallecidos.

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