La formación reacciona a la adjudicación del proyecto de regeneración de la playa, que tiene 12 meses para afrontar su redacción. Critica los "gestos de cara a la galería" con los que Cavada intenta blanquear su imagen en el conflicto, como el reciente anuncio de que recurrirá a la Mesa del Congreso.

La actuación se pretende llevar a cabo tras afrontar las demoliciones previstas en la zona. Las expedientes, pendientes de los recursos presentados, continúan adelante.

La alcaldesa critica la postura "alejada del consenso" de Costas y pide la paralización de los expedientes.

El trámite en marcha, afirma, abre al fin la puerta a la regularización de las viviendas. Una parte queda en zona de servidumbre de protección y la otra no se ve afectada.

Loaiza reclama al gobierno municipal que formalice alegaciones desde el Ayuntamiento para que toda la zona quede fuera. Los populares aseguran que corre el peligro de repetirse el conflicto que se vivió en La Almadraba.

A través de la diputada Martina Velarde pide a la ministra de Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, que "evite el derribo y dé una alternativa".

Vecinos, pescadores, dueños de casetas y hosteleros animan a los ciudadanos y colectivos, además de partidos políticos, a participar en la protesta y defender la declaración de interés público que está en marcha.

El Ayuntamiento sigue sin recibir los informes preceptivos de Costas y la Consejería de Medio Ambiente para continuar el procedimiento para salvar los establecimientos y casetas.

Discurre por la zona comprendida entre el Puente Zuazo, La Carraca y La Clica. El expediente se encuentra ahora en información pública.

"Actuó tarde y mal", advierte Fran Romero, que afirma que la declaración de interés general que se pretende para la zona "no sirve para nada".