Los pescadores y propietarios de estas estructuras ya han recibido notificación del procedimiento judicial abierto con el plazo de ejecución. El colectivo aguarda confirmación del Ayuntamiento sobre cuándo se colocarán los nuevos módulos retranqueados y cuántos serán.

El retranqueo se plantea como una alternativa si no se consigue la declaración de interés público para las estructuras de la playa.

Han aprovechado el acto institucional del aniversario de Las Cortes para hacer visibles sus reivindicaciones.

La formación lamenta que "juegue en plan trilero con las ilusiones de los afectados" y recuerda que la Dirección General de Costas ha dejado bien claro que no hay marcha atrás.

Loaiza advierte de que el Ministerio y Cavada son "cómplices" de la pérdida de este atractivo de la ciudad.

Cavada recuerda que la ciudadanía demanda la conservación de este asentamiento.

Espera ingresar más de 900.000 euros por estos terrenos donde están previstas 58 viviendas. En la parcela, pendiente de desarrollar desde 2003, se permiten una altura de 15 plantas. La nueva tentativa por desprenderse de los terrenos coincide con los planes de Costas para afrontar el proyecto de regeneración de la playa, que implica la demolición de las casetas y locales en dominio público.

Para el coordinador local de la formación, Lolo Picardo, la adjudicación del contrato vinculado a los derribos es la "prueba tangible" de que no hay marcha atrás.

Encarga a una consultora gaditana por 5.923.55 euros los servicios en materia de seguridad y salud durante las ejecución de los derribos de las ocupaciones ilegales que se asientan en dominio público. La Demarcación tiene prácticamente todo a punto para acometer las demoliciones aunque por el momento no ha trascendido fecha.

La formación reclama a la alcaldesa que haga un esfuerzo para conseguir el informe favorable de la Demarcación.