El Gobierno anunció ayer que está dispuesto a introducir ajustes en la ley de financiación de para evitar una denuncia de la Comisión Europea, pero no cambiará sustancialmente la tasa a los operadores de telecomunicaciones, según aseguró el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. "No podemos cuestionar la exacción fiscal porque es imprescindible ya que los operadores de telecomunicaciones son beneficiarios de la nueva distribución económica establecida en la ley para financiar a RTVE", defendió Jáuregui, tras reunirse con la vicepresidenta de la CE y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes, en Bruselas.

"Podremos discutir el concepto, precisar técnicamente el tipo, la manera en que esto se recauda, pero son precisiones técnicas a un contenido al que el Gobierno no quiere renunciar", añadió el ministro. La Comisión considera que el modelo de financiación de RTVE aprobado en julio de 2009 es contrario a la legislación europea debido a que incluye una tasa del 0,9 % de los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones para sufragar los costes de la cadena pública. Según Bruselas, las tasas cobradas a los operadores deben estar "relacionadas específica y directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones" y, además en este caso, constituyen una doble imposición.

Sin embargo, Jáuregui replicó que la tasa no grava de manera duplicada por el uso del espectro radioeléctrico sino por otro hecho imponible, relacionado con que las 'telecos' emitan publicidad en sus portales audiovisuales y sean, por tanto, beneficiarias de la renuncia que RTVE ha hecho de los ingresos por publicidad.

En este sentido, el ministro explicó que el Gobierno no se plantea introducir cambios que afecten a los ingresos percibidos por el impuesto ni al objeto del mismo, que en todo caso será destinado a financiar al ente público.

El ministro no quiso precisar más detalles sobre esos "ajustes técnicos" que el Gobierno podría introducir para satisfacer a la comisaria, a la que se ha comprometido a responder en el plazo de un mes. En todo caso, adelantó que "si esa solución técnica no es posible, la tendrá que adoptar la corte de Justicia".

"Si el acuerdo no se produce, tendríamos que asumir una conflictividad ante la corte de Justicia que, por supuesto, estamos dispuestos a defender convencidos como estamos de que lo que hemos hecho es legal y compatible con las normas europeas", insistió Jáuregui.