Las trece corporaciones autonómicas cuentan con un presupuesto total para este año de 1.072,34 millones de euros de los que 942,7 millones, más del 90% de sus fondos, son aportados mediante las subvenciones públicas de los distintos gobiernos. Cantabria, Navarra, Castilla y León y La Rioja son las cuatro comunidades que no han desarrollado su propia televisión. La ciudad autónoma de Ceuta tiene una radiotelevisión pública que cuesta 2,5 millones.

Nacieron al amparo de la Ley del Tercer Canal (46/1983) y su desarrollo es muy diverso, nacidas loas pioneras para la difusión de su idioma local. El modelo de financiación de todas ellas se basa en un sistema mixto que aúna subvención pública e ingresos publicitarios privados, cada vez más mermados por su descenso de audiencia. Esa ley del Tercer Canal fijaba que las autonómicas debían cumplir requisitos de objetividad, veracidad e imparcialidad de las noticias, respetar el pluralismo político, religioso, cultural y lingüístico, así como las libertades y derechos recogidos en la Constitución, rasgos cuestionados desde el desaparecido Canal 9 a la catalana TV3. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), nacida en 1983, acumula 2.219 trabajadores. Su oferta tiene cinco canales de TV y cuatro emisoras de radio. Con el 155 aplicado, el presupuesto es el de 2017, con 307,2 millones de euros de los que 231 millones son de subvención.

La vasca EiTB, nacida en 1982, es la más veterana, con un millar de trabajadores, cuatro canales y 127 millones de financiación pública de 134,2 de presupuesto.

La tercera histórica es la TVG gallega, con 955 trabajadores, 106,8 millones de presupuesto, de los que 97,2 millones son aportación.

Canal Sur (RTVA) tiene una plantilla de 1.462 trabajadores y su presupuesto para este año es de 162,75 millones de euros, 1,25 millones menos que en 2017, de los que la Junta de Andalucía aporta 140,4 millones. A personal se dedica el 54 % del presupuesto.

Tras el abultado ERE que afectó a 829 profesionales, Telemadrid cuenta ahora con 457 trabajadores, con 79,7 millones de presupuesto, 70,3 de subvención.

Valencia ha recuperado su cadena y À Punt tiene un prespuesto de 55 millones, con 531 trabajadores (75 % de la extinta RTVV), a la espera de un concurso definitivo.

Castilla-La Mancha Media (CMM), tiene 460 empleados y un presupuesto de 38,9 millones, 1,7 millones más que en 2017.

La de mayor audiencia/aportación, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), cuenta con 136 trabajadores. Su presupuesto es de 47 millones de euros, 3 más que en 2017, con sólo 3,5 millones de ingresos comerciales.

Canarias (RTVC), con 87 trabajadores con casi toda su parrilla extrernalizada, incluidos los informativos, aporta 40,3 millones de los 45,3 millones de presupuesto.

La RTPA asturiana cuenta con 147 trabajadores y un presupuesto de 20 millones de euros.

IB3 de Baleares, 110 empleados y 32,2 millones de presupuestos, su subvención es de 31,2 millones.

La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA), que no está intergrada en la Forta, suma 210 trabajadores, con 24,7 millones de los que el 97% los aporta la Junta de Extremadura.

La productora Secuoya gestiona la televisión de Murcia, con 15 millones de contrato.