Quique Pina, que fuera presidente del Granada CF, ha ganado una batalla legal de las que tiene pendientes. Según ha comunicado, la Audiencia Nacional ha estimado las alegaciones sobre una deuda tributaria del Ciudad de Murcia club que vendió en 2007 a Carlos Marsá para su traslado a Granada.

Según Pin, “en el año 2007 procedimos a transferir la Sociedad Anónima Deportiva del Ciudad de Murcia que pertenecía a mí y mi familia a Carlos Marsá. En la misma escritura pública constó de manera expresa que el precio de las acciones incluía la deuda que éste mantenía con la agencia tributaria española. Los nuevos gestores del club aplazaron dicha deuda que ascendía a 1,2 millones de euros y esto fue avalado con los derechos de televisión que le pertenecían a la entidad y aceptado por la propia agencia tributaria. Posteriormente la deuda quedó impagada”.

“Años más tarde (2010) la Agencia Tributaria, ante la deuda impagada por parte de la nueva propiedad que aplazó y que se comprometió abonar en escritura pública, derivan la responsabilidad de dicha deuda tanto a Quique Pina como solidariamente a sus padres, Juan José Pina y Trinidad Campuzano por haber sido todos ellos miembros del consejo de administración del club. La deuda se incrementó de 1,2 millones a más de 3,2 millones de euros entre intereses y sanciones.

Quique Pina afirma que “desde el año 2010 llevamos luchando, tanto en las instancias de la propia Agencia Tributaria así como en la justicia ordinaria, defendiendo nuestra inocencia y la injusticia que provocaba puesto que todo lo anterior han derivado en embargos y demás procedimientos judiciales que han terminado en sendas condenas que perjudicaban los interés de la familia Pina. Llegando incluso aceptar una condena de prisión de 9 meses y al pago por parte de la sociedad familiar Calambur Intermediaciones del pago de 2,9 millones de euros para así poder evitar que el resto de mi familia (personas mayores) se tuvieran que enfrentar a un juicio, con las connotaciones negativas que ello requiere”.

Ahora la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha considerado nula la derivación de responsabilidad y, por lo tanto, nunca existió en derecho. Además, Pina y su familia han procedido a “recurrir en revisión en el Tribunal Supremo las condenas sufridas por considerar del todo injustas y no ajustadas a derecho al recaer sobre una premisa de la existencia de una deuda que a día de hoy, ya firme, es nula. Por lo tanto, exigiremos la anulación de las condenas e igualmente, como así indica la sentencia deberán retornar los importes abonados por esta cuestión a la sociedad Calambur Intermediaciones así el resto de embargos sufridos por parte de Juan Jose Pina”.