La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en El Puerto de Santa María (Cádiz), en una operación en la que también está implicada una constructora de Málaga. La operación, denominada 'Beagle', se ha desarrollado en el marco del plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar que está desarrollando el Ministerio del Interior.

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado este viernes que, además del delito de blanqueo de capitales, se considera a los arrestados responsables de otros delitos como defraudación del fluido eléctrico o contra la ordenación del territorio.

Las pesquisas se iniciaron en 2022 y, al año siguiente, los investigadores detectaron la construcción de un chalet con piscina en suelo rústico en una zona de El Puerto de Santa María con alta demanda de viviendas de lujo, vinculado al principal investigado, que entonces carecía de actividad laboral y, por tanto, de fuente conocida de ingresos.

La supuesta precariedad económica del investigado le había llevado a conseguir una vivienda de protección oficial, en régimen de alquiler social, por la que no tenía que abonar renta alguna. Los agentes descubrieron que, en realidad, esta persona contaba con un patrimonio valorado en casi un millón de euros, entre inmuebles, vehículos y embarcaciones, aunque la mayoría estaban a nombre de otras personas de su entorno familiar.

Según la Policía, este hombre utilizaba estrategias de ocultación y distracción, con las que introdujo en el circuito económico ganancias obtenidas gracias al tráfico de drogas. Por este motivo se le imputa el delito de blanqueo de capitales, junto a los otros, porque una de sus viviendas estaba fuera de ordenación y, además, había realizado una conexión ilegal al fluido eléctrico público.

Testaferros

El resto de detenidos son personas de su entorno familiar que participaron como testaferros, aunque han quedado en libertad tras declarar en dependencias policiales. El principal investigado ha sido puesto a disposición judicial, que ha decretado su puesta en libertad provisional, con algunas medidas cautelares.

La Policía ha solicitado del juzgado la incautación y decomiso de sus bienes como vehículos, embarcaciones, cuentas bancarias y bienes inmuebles, valorados en su conjunto en 2'5 millones de euros. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.