El Ayuntamiento de Marbella ha ingresado algo más de 50 millones de euros de los 500 reconocidos por “condenas favorables” en los casos de corrupción, así como se plantea estudiar el pedir los "perjuicios" por una serie de subvenciones a las que no pudo acceder durante los meses en los que se suspendió el pago fraccionado de la deuda generada en el etapa del GIL con la Seguridad Social y con Hacienda entre 2018 y 2019, según ha destacado este martes la concejala de Asesoría Jurídica, Francisca Caracuel.

Así lo ha dado a conocer la responsable municipal tras la Junta de Gobierno Local, donde ha estado acompañada por el portavoz municipal, Félix Romero, en la que ha dado cuenta de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS), que da la razón al Consistorio contra la “extinción” del fraccionamiento de la deuda que hizo la Agencia Tributaria en 2018.

En concreto, Caracuel ha detallado que el fallo judicial deriva del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Marbella contra la decisión de Hacienda y la Seguridad Social de “resolver” o suspender el pago fraccionado de la deuda contraída con ambas administraciones en la etapa del GIL, acordada en 2012 en una Ley de Presupuestos Generales del Estado para devolverla en 40 años y al 1% de interés y que “ratifica” una modificación de 2018.

Según ha recordado, en 2018 se entregó al Consistorio un “cheque” por 12 millones derivado del Caso Malaya y que “la Agencia Tributaria entiende que debió ser entregado para el pago de la deuda que el Ayuntamiento de Marbella tiene fraccionada” en el mismo mes en el que se recibe esa cantidad, cuando hubo “un acuerdo plenario y todos los grupos acuerdan destinar ese importe para el pago de servicios públicos municipales”.

Caracuel ha señalado que “esta resolución no es compartida por la Agencia Tributaria ni por la Tesorería de la Seguridad Social, que reclaman que ese dinero vaya al pago de la deuda histórica, para la que se había conseguido el aplazamiento tras la disolución del Ayuntamiento” y que en última instancia “el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Marbella”. 

La edil ha subrayado la “satisfacción” por que el TS “acepte y estime los argumentos de la ciudad de que no es correcto jurídicamente que la Agencia Tributaria dé por finalizado el fraccionamiento” y que “no tiene competencia ni habilitación para tomar una decisión de esa naturaleza”, al tiempo que ha agregado que queda por resolver el procedimiento judicial abierto con la Seguridad Social por el mismo motivo, aunque entiende que se aplicará “el mismo criterio interpretativo”. 

Ello supone “el dinero que se ingresó y que fue destinado por acuerdo unánime de la Corporación del Pleno del Ayuntamiento a cubrir servicios básicos y esenciales de la ciudad, no hay posibilidad de suspender el fraccionamiento que se tenía y empezar a cobrar de forma inmediata todo lo adeudado”. 

“Continuamos con todos los procedimientos en el Tribunal de Cuentas para seguir recuperando bienes del Ayuntamiento, en los presupuestos de 2024 tenemos recogidos posiblemente unos 10 millones para las arcas municipales porque tenemos unos 40 millones pendientes de efectuar el cobro pero se han aplazado para 4 años”, ha indicado la concejala de Asesoría Jurídica.

La deuda suma 700 millones

En este sentido, ha detallado que la deuda general del Ayuntamiento tras la etapa del GIL suma 700 millones de euros, de los que 187.827.641,27 euros se correspondían con el adeudo reconocido a fecha del fraccionamiento en 2012 con la Seguridad Social y 88.901.614,44 euros con la Agencia Tributaria. Mientras, a 1 de enero de 2024, la deuda con la primera administración es de 133.723.218,66 euros y con la segunda de 35.972.966,30 euros al haber estado pagando el Consistorio mediante los descuentos en su Participación en los Ingresos del Estado (PIE) desde 2012 y con las amortizaciones del dinero obtenido en los procedimientos judiciales de 2012 a 2018.

Caracuel ha apuntado que existen “condenas favorables” al Ayuntamiento por los casos de corrupción de “500 millones”, de los que “efectivos ya hemos pasado de los 50 millones ya ingresados, bien en bienes o en dinero recuperados”.

Por su parte, el portavoz municipal, Félix Romero, ha detallado que durante un período entre 2018 y 2019 “hubo una serie de subvenciones que perdimos como consecuencia de que Hacienda y Seguridad Social no aportaron los certificados de estar al corriente” de pago tras suspenderse el aplazamiento, agregando que “ahora se está estudiando el perjuicio que se haya podido causar al Ayuntamiento por esa circunstancia”. Caracuel ha agregado al hilo de ello que “hay que estudiar si hay la más mínima posibilidad de obtener una compensación por los perjuicios causados por esas subvenciones de las que no pudimos beneficiarnos”.

Posteriormente, ha indicado que “se planteó una medida cautelar y se consiguió suspender de ejecución la medida -la suspensión del aplazamiento- y en principio se rehabilitó el fraccionamiento que tenemos con Hacienda y Seguridad Social”, aunque ha matizado que  ambas administraciones, que “hasta entonces nos giraban los cobros, decidieron dejar de girarlos y cada vez que llegaba el vencimiento era esta Corporación la que tenía que pedir una carta de pago”.