La Comisión de Participación del Fondo de Transición Justa puesta en marcha por la Junta de Andalucía para avanzar hacia nuevos ecosistemas industriales en el Campo de Gibraltar tras el cierre de la central térmica de carbón de Los Barrios repartirá cerca de 77 millones de euros para el conjunto de la provincia. 

La delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Inmaculada Olivero, ha recordado este lunes que su consejería lleva dos años trabajando con el tejido industrial de la provincia y con agentes sociales de la zona "para detectar proyectos tractores de desarrollo e innovación y nuevas tecnologías en los sectores productivos más importantes, de manera que se camine hacia una industria de futuro, superando las carencias en materia de industrialización".

La delegada indicó que la Junta también viene trabajando en un aspecto importante como es la formación, de manera que los fondos de Transición Justa cuentan con una partida presupuestaria para adaptar la formación reglada, la Dal, y la formación para el empleo. “El desarrollo industrial y los nuevos proyectos deben ir de la mano de una formación adaptada a las necesidades industriales, ya que el objetivo es reducir los datos de desempleo y activar la economía”, señaló Olivero, al tiempo que ha insistió en que “estamos en un momento importante para el Campo de Gibraltar y tenemos que ser diferentes, crear proyectos que cambien los sectores productivos”.

La Comisión está presidida por la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, y forman parte de la misma el secretario general de Industria, Cristóbal Sánchez; la delegada territorial de Industria, Inmaculada Olivero, y los delegados territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Isabel Paredes y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, respectivamente. También hay un representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, otro de la Diputación y de cada uno de los ayuntamientos de Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción y San Roque, así como representantes sindicales, de organizaciones empresariales y de la Universidad de Cádiz (UCA).