La nueva Agencia Especial de Empleo que ultima la Junta de Andalucía aglutinará a 3.979 trabajadores del sector público, al integrar a los 2.262 funcionarios y laborales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con los 1.622 empleados -número no revelado antes por la Administración andaluza - pertenecientes a la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe). Esta plantilla es la que prevé la Consejería de Empleo para la agencia especial que a partir del próximo año gestionará las políticas activas de empleo en la comunidad, según un borrador de la Administración andaluza al que tuvo acceso esta redacción.

Esta macroagencia será de las que cuenten con más plantilla del sector público una vez finalice la primera fase del proceso de reorganización de las empresas públicas que ha emprendido el Gobierno andaluz y que ha provocado la revuelta entre los sindicatos de la función pública, que exigen la modificación e incluso la derogación del decreto ley 5/2010 aprobado en julio. La Junta de Andalucía no ofrece datos del personal que trabaja para las empresas públicas, reclamación constante de las principales centrales sindicales.

En el caso del nuevo SAE, que integrará a la Fundación Andaluza Fondo de Formación (Faffe) y las 95 Unidades Territoriales para el Empleo y el Desarrollo Local y Técnico (Utedlt), la intención es "que el personal de la Agencia podrá ser tanto funcionario como laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, y asimismo, formará parte de la agencia el personal procedente de la Faffe", de acuerdo al decreto ley 5/2010. En total, 3.979 trabajadores, el 40% externos. No se incluyen los puestos directivos.

Una vez se constituya la agencia, "se elaborará una relación de puestos de trabajo (RPT) que estará integrada por los puestos de trabajo ocupados por funcionarios y personal laboral de la vigente RPT del Servicio Andaluz de Empleo, junto con las modificaciones de dichos puestos necesarios para adaptar dicha relación a la nueva organización de la agencia, así como un catálogo de puestos de trabajo en el que se relacionarán todos aquellos puestos necesarios tanto en servicios centrales como en la organización periférica del SAE para el personal que se integra en la agencia procedente de Faffe y las Utedlt, teniendo en cuenta las funciones y el trabajo efectivamente desempeñado en la organización de procedencia", recoge el borrador.

Éste es precisamente el punto principal que ha originado la protesta. Los sindicatos entienden la entrada de personal no de la Junta, externos, como una "igualación de derechos" con quienes han pasado el debido proceso de acceso a la Administración. Temen cómo se negociarán los futuros convenios de las agencias y hablan de "privatización" de la Función Pública.

La Junta responde que la integración "optimizará" las funciones y cada personal hará las funciones encomendadas, bien como funcionario, personal laboral o laboral de fuera de la Junta.

Las centrales sindicales más representativas (CSIF, CCOO, UGT, Sindicato Andaluz de Funcionarios...) han demando durante años cuantificar la plantilla de Faffe y de los demás organismos y entidades de la llamada "Administración paralela" de la Junta. Ahora, con el decreto 5/2010 crecen las suspicacias de los sindicatos sobre el número de "enchufados" que se van a integrar en las agencias.

La presidenta de CSI-CSIF, Alicia Martos, eleva a más de 1.622 los empleados de la Faffe y advierte que el diferencial puede ser mayor si en los datos del SAE se contabilizan las plazas vacantes, " ya que hay mucha gente que, por las pésimas condiciones laborales, piden el traslado. El SAE tiene la misma plantilla que en 2006. Sólo hay que ver las colas en las oficinas", apuntó. Si bien la masa de recursos humanos de la agencia crecerá, el consejero de Empleo, Manuel Recio, anunció recientemente que se pretende acabar con las colas en las oficinas a principios de 2011 al facilitar todos los trámites posibles vía internet.