El ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ha solicitado su libre absolución por los delitos relacionados en torno a su gestión en el club, al estimar que no ha cometido ningún delito porque "ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico del Real Betis y no le ha provocado perjuicio alguno".

La abogada Encarnación Molino, socia del bufete Montero-Aramburu, ha presentado en la Audiencia de Sevilla su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicita la libre absolución para Manuel Ruiz de Lopera y que se condene a las acusaciones particulares al pago de las costas causadas por dirigir la acusación contra su cliente "a sabiendas de su temeridad y mala fe".

En su escrito, de 26 folios, la defensa concluye que el ex mandatario bético no ha incumplido sus "deberes de diligencia" y "no ha existido disposición, apropiación ni apoderamiento de fondos de la entidad deportiva, ni se ha producido enriquecimiento o beneficio alguno" para Lopera y su entorno familiar.

La defensa comienza su escrito de conclusiones recordando que la situación económica del Betis en los momentos previos a su conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) era “crítica”, una circunstancia pública y notoria, dado que arrastraba una deuda de 2.900 millones de las antiguas pesetas e incluso tenía percibida de Proinsur 300 millones como entrega a cuenta por la venta de los terrenos del estadio.

Dice la defensa que el plan de saneamiento aprobado por las autoridades deportivas sólo vino a paliar “parcial y temporalmente” la situación y ello fue posible "gracias a las garantías prestadas por Lopera y su familia, gravando con hipotecas fincas propiedad de Farusa y de otras sociedades del grupo de empresas familiar". Además de que la llegada de Lopera al órgano de gobierno del club se produjo a petición de la entidad.

A la vista de la situación de la entidad, Lopera "decidió implantar el modelo de gestión a través de una entidad instrumental, que habría de ser Tegasa, luego continuada por Encadesa, sociedades que nunca tendrían otro objeto y actividad que la de servir a los intereses del Real Betis, procurando su estabilidad económica, objetivo final de los contratos de arrendamiento que obran en la causa". La defensa explica que un informe pericial (elaborado por Garrido Riosalido) se destacan y evidencian las "ventajas económicas de esta forma de actuar desde el punto de vista de los intereses del Real Betis", entre las que la letrada destaca la protección del patrimonio de la sociedad deportiva contra acciones patrimoniales de terceros y la mejora de la posición negociadora en las relaciones contractuales con los jugadores de fútbol y ahorro de costes laborales -el informe pericial cuantifica estos ahorros en 18,95 millones de euros-, o el ahorro de costes fiscales por la disgregación de las retribuciones de los futbolistas en contratos federativos y contratos de derechos de imagen. "Se trata de un modelo que ha tenido una amplia implantación en el fútbol español, y que requería de la existencia de una entidad pagadora de los derechos de imagen distinta de la que ostentaba los derechos federativos", precisa la defensa, que concluye que la "efectividad de estos ahorros está probada en la causa".

Para la abogada, ha quedado acreditado que Lopera, personalmente y a través de las sociedades de su entorno familiar, “ha prestado garantías al Real Betis por un valor superior a los 200 millones de euros, es decir, más de 33.200 millones de pesetas”. Se trata de garantías prestadas en operaciones financieras tales como contratos de préstamos, líneas de avales, líneas de descuento de efectos, pólizas bancarias, aplazamiento de pagos, pagarés, etc., y en contratos de fichajes de futbolistas. “En varios casos las garantías fueron no sólo personales, sino también reales, mediante la hipoteca de numerosos inmuebles propiedad de las sociedades” como Farusa, Incecosa, Frigimueble y Rulosa. “Este afianzamiento no sólo resulta relevante por lo que refleja una gestión de Lopera situada en las antípodas de una administración desleal, sino también, y especialmente, porque explica la liquidez monetaria de que ha gozado el Real Betis, a través de las sociedades instrumentales Tegasa y Encadesa, durante los ejercicios en que se mantuvo en vigor el modelo de gestión”, añade.

La defensa insiste en que se ha querido negar valor alguno a las garantías prestadas por Lopera porque ninguna de ellas fue ejecutada por los acreedores avalados en el periodo de 15 años de esta causa, “pero no es así, el cumplimiento en tiempo y forma de todos los compromisos de pago asumidos –acreditativo por cierto de una gestión seria y ordenada- no desdice el hecho de que, gracias a las garantías prestadas, el Real Betis pudo financiar importantes fichajes de futbolistas o acometer la obra de su estadio. Sin ese respaldo patrimonial de Lopera estas inversiones no habrían sido posibles, y la reciente historia deportiva e inmobiliaria del club se habría escrito con trazos mucho más modestos”.

El efecto del modelo de gestión en el patrimonio del club fue "netamente positivo", al lograr capitalizarse progresivamente, algo reflejado en sus cuentas anuales, añade la defensa, que destaca que el elenco de futbolistas que pasaron por la plantilla del club –incluyendo un fichaje cuyo coste fue récord mundial en su tiempo (en alusión a Denilson)- "habla por sí mismo. La fama sobre la fortaleza económica del Real Betis en el mercado de fichajes traspasó nuestras fronteras y era bien conocida en el ámbito de los agentes Fifa, que tenían al club como un cliente de referencia".

Lopera defiende asimismo que los contratos, contabilidades, auditorias, y cuentas anuales “fueron documentados con precisión y rigor” y se “respetaron los derechos de los accionistas”, dado que “ninguno de ellos impugnó a lo largo de su extenso mandato la gestión llevada a cabo”, y la única impugnación social fue archivada por la Justicia bajo la censura de “haberse instado de mala fe”.

El mandatario del club, añade la letrada Encarnación Molino, ha conservado en su poder y puesto a disposición del juzgado de forma "inmediata, ordenada y completa, todas las contabilidades del Real Betis, Tegasa y Encadesa de los ejercicios 1993/94 a 2007/08, así como toda la documentación, asimismo pulcramente ordenada", que les dan soporte, superando así con creces las obligaciones de conservación y custodia que imponen las normativas mercantil y fiscal, cuyo plazo oscila entre seis y cuatro años. "No sólo es que no tendría sentido que el presunto responsable de un delito extremara su celo en conservar y poner a disposición de la autoridad judicial las pruebas de su comisión. Es que es precisamente esta extraordinaria diligencia de ordenado administrador la que ha posibilitado la elaboración de los informes periciales judiciales, a la postre única prueba de cargo que pesa sobre Lopera".

De otro lado, la defensa entiende que la exhaustiva investigación policial "no ha revelado la existencia de cuentas opacas, dinero oculto o desviado, cuentas en paraísos fiscales ni patrimonio clandestino o fiduciario de tipo alguno", porque el patrimonio de Lopera a la fecha de su acceso a la presidencia del Betis "no ha experimentado crecimiento significativo alguno durante los 18 años siguientes, y desde luego ninguno en absoluto que no pudiera justificarse con las rentas producidas por el mismo".

Frente a la postura de la defensa, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado en septiembre pasado una condena de tres años de prisión para el ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera por un delito continuado de apropiación indebida, por el que reclama además una multa de 2.700 euros y el pago de una indemnización que asciende a 3,6 millones.

La Fiscalía sólo acusa a cuatro de los ocho procesados en esta causa, en concreto a Lopera, a Guillermo Molina -"perito mercantil e íntimo colaborador"-, a María Mercedes Ferrero y María Teresa González -ambas administradoras de Tegasa-, mientras deja fuera a otros cuatro procesados, entre ellos el ex consejero delegado Luis Oliver y dos sobrinos de Lopera.