Hasta dieciocho consejeros, Manuel Ruiz de Lopera incluido, declararon en los meses de abril y mayo ante la Guardia Civil de Sevilla por orden de Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que trabaja en la causa por la que el máximo accionista del Betis está imputado de un supuesto delito societario por aprobación indebida.

La juez ha querido saber cómo es el día a día de la entidad verdiblanca y conocer qué personas tienen acceso a la toma de decisiones y la principal conclusión, leídos todos los testimonios, es la que todo el mundo se temía: el poder de Lopera es omnímodo en el Betis y los consejeros que ha tenido en su singladura en el Betis no pintan nada.

Todos los interrogados, siempre en calidad de testigos, aseguran que la estructura administrativa y de gobierno de la entidad comienza y acaba en Manuel Ruiz de Lopera. El cuestionario fue básicamente el mismo, aunque, salvo Rufino González, ningún consejero ha permanecido los 18 años que lleva Lopera a su lado y, por esta cuestión, respondieron en blanco a más de una pregunta.

La juez quiso saber quién toma decisiones en el club, cuándo se reúne el consejo de administración, quién compra y vende jugadores, quién decidió comenzar y terminar las obras del estadio… Las respuestas, en la mayoría de los casos, fueron que apenas se reunían y que, cuando lo hacían, Lopera decidía igualmente lo que le daba la gana. Es más, algunos, entre ellos el actual presidente, José León, declararon que se enteraban de los fichajes por la prensa.

El propio Lopera admitió, asistido de abogado el pasado 25 de mayo, que siempre ha ejercido y "tomado decisiones de manera unipersonal sin auxilio y que ha prestado los avales y puesto el efectivo necesario sin requerir a otros consejeros". Además, añade "que oía a sus consejeros y tomaba él decisiones de manera personal, independiente cargo en cada caso", ya que fue vicepresidente, presidente y consejero delegado de la sociedad. Y es que todos admiten que la figura de José León es "meramente representativa".

En cuestión de fichajes de jugadores sí dice Lopera que recibe "asesoramiento de la secretaría técnica" y respecto a Tegasa y Encadesa declara que llegaron al Betis "por problemas liquidez para conseguir créditos y para protección de la cantera, al firmar éstas los contratos de patrocinio con los canteranos que permitían que pudieran ser cedidos y, en el caso de los profesionales, tenían un contrato de imagen para salvar al Betis de litigios en caso de incumplimiento del jugador". Igualmente admitió que todas esas relaciones con sus empresas las dirigía él de manera unipersonal.

Fue él quien hizo las gestiones para las obras del estadio. "Tegasa fue avalada por Farusa porque los bancos no aceptaban los efectos Betis. Sin subvención, el estadio pasa de los 24.000 espectadores en que hubiera quedado por las exigencias de la LFP a 54.000. Sin ese aval, hubiese sido imposible", relata. Y añade: "Tras la firma del convenio con el Ayuntamiento de Sevilla no tenía sentido finalizarlo por haber alcanzado ya la capacidad suficiente. Además, se vio interrumpido por un procedimiento judicial, por lo que Tegasa fue indemnizada". La mayoría de los consejeros, sin embargo, dicen que dejó el estadio a medio hacer por "falta de liquidez".

Lopera concluye su declaración diciendo que él y sus empresas tienen avalado al Betis "por más de 35 millones de euros".

Con todo, lo más reseñable es la carta que el ex consejero Victoriano García Aranda hizo llegar a la juez. Según él, la misma le fue entregada de manera anónima en su consulta médica y responde al contrato de compraventa no ejecutado entre Lopera y BSport.

En el mismo se incluyen cláusulas, algunas nulas de pleno derecho por limitar el derecho de la propiedad, inverosímiles, que retratan de forma fidedigna a Lopera. En el contrato se estipula que BSport tenía que pagar 10 millones de euros en concepto de señal, que tendría que pagar un millón de euros a Lopera si ingresaban en el club Lorenzo Serra, Hugo Galera o si era colocado un busto o relieve de éste en el exterior del estadio. También se penalizaba el cambio de nombre del estadio y se obligaba a mantener en plantilla a varios empleados, siempre con el propio Lopera como consejero delegado.

Con todo, lo peor era que los nuevos dueños del Betis sí se obligaban a terminar las obras del estadio, a alquilar por 15.000 euros mensuales las oficinas del Betis en El Fontanal, que pertenecen al propio Lopera, a pagar a todos sus abogados, así como la liquidación de los procesos judiciales que el propio Lopera tiene en curso. También debían liberar todos los avales bancarios de Lopera y sus empresas y al pago, en caso de incumplimiento, de los aplazamientos con Hacienda. Y, por todo ello, BSport pagaba a Lopera, además, 70 millones de euros.