La polémica en torno a la construcción del Auditorio Arteria, un proyecto promovido por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que convertirá el edificio de la Cartuja en su sede central en Andalucía, sumó ayer un nuevo capítulo. Tras su dimisión el pasado día 17 como director de las obras -la inauguración está prevista para finales de año-, el arquitecto Santiago Fajardo ha presentado sendas demandas contra la SGAE por intromisión en su derecho al honor, por vulneración de sus derechos de propiedad intelectual como autor del proyecto, y para reclamar el pago de las cantidades económicas que la entidad le adeuda, informó ayer Europa Press.

En un comunicado, la SGAE acusó al arquitecto de "sucesivos incumplimientos y negligencias". Según este documento, fue la propia entidad recaudadora de derechos de autor la que decidió el pasado día 11 dar por "resuelto el contrato" con Fajardo -y no éste-, debido a su "reiterada y demostrada falta de previsión", lo que ha originado según la SGAE "innumerables sobrecostes y retrasos en las obras". La versión de Fajardo es otra. "Comuniqué oficialmente mi dimisión el 12 de mayo, y el 23 envié a un notario que levantó un acta afirmando que las obras proseguían sin arquitecto. Tres horas después apareció un arquitecto nombrado por la SGAE ese mismo día, Rafael García Diéguez, sin mi conocimiento ni mi consentimiento", explicó.

La aparición de este arquitecto es la que, según la demanda, atenta contra los derechos de propiedad intelectual de Fajardo, ya que la SGAE proporcionó a su sustituto todos los planos y trabajos de la obra. La demanda por intromisión en el derecho al honor va directamente contra Bautista como máximo responsable del proyecto, por la acusacion de negligencia. También abundó en las "dificultades" que ha encontrado para el pago de las facturas, y denunció una "gran opacidad" en las cuentas del proyecto, a las que en ningún momento se le dejó acceder, a pesar de ser el "responsable civil y penal" del resultado final de la obra. Fajardo aseguró que hizo "reiterados intentos para hacerles ver que eso es ilegal", y que siempre que buscó "un acuerdo" con la entidad, ésta le advirtió de las "consecuencias negativas" del mismo.

Las posturas están totalmente enconadas, ya que la SGAE alega que las acciones judiciales de Fajardo son "una cortina de humo" para "justificar" sus soluciones arquitectónicas "malas o irrealizables" y su "escasa presencia en las obras", así como "su reiterada negligencia profesional", que provocó "injustificados sobrecostes inasumibles".