El jurado declaró ayer culpable a Natividad Cantero Sánchez del asesinato de su marido, el ejecutivo del BBVA Andrés Toro Barea, que falleció desangrado el 15 de junio de 2008 tras recibir dos disparos en el pecho en su chalé de la urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación. 

Vestida completamente de negro y en todo momento cabizbaja, la acusada asistió pasado el mediodía de ayer a la lectura del veredicto, que se demoró dos días al no haber unanimidad en el tribunal. Natividad Cantero no hizo ningún gesto mientras oía, impasible, de boca de la portavoz del jurado que siete de los nueve miembros del mismo la consideraban autora material del asesinato de su marido, del que llevaba separada ya más de un año. 

Tampoco dijo nada en público al terminar la sesión y se limitó a intercambiar unas palabras con su abogado, Manuel Castaño, que anunció que recurrirá la sentencia una vez que ésta se conozca. El tribunal también halla culpable a la acusada de un delito de tenencia ilícita de armas, puesto que no tenía licencia para disponer del arma de fuego con la que, según el jurado, mató a su marido. Esta pistola se la había entregado un tío de la acusada, cuya declaración ha supuesto una de las pruebas fundamentales para el veredicto de culpabilidad. 

De hecho, la portavoz del jurado recalcó que el tío de la acusada conocía incluso que los proyectiles del calibre 9 milímetros que disparaba el arma -que nunca se encontró- eran de color plateado, idénticos a los hallados en el chalé de La Juliana. 

Otras pruebas importantes han sido los informes de los forenses, que dejaron claro que Andrés Toro Barea había muerto sin ocasión de defenderse puesto que no tenía heridas de lucha o pelea. Esos disparos fueron efectuados a menos de un metro y medio de distancia, como haría un tirador sin experiencia, y el segundo de ellos se hizo cuando la víctima ya estaba herida y caída en el suelo. 

El tribunal también tuvo en cuenta las declaraciones de los familiares de la víctima, que destacaron a lo largo del juicio la "animadversión" de la acusada hacia su marido y las "múltiples amenazas" que éste había recibido. Los testigos aseguraron haber oído decir a Natividad Cantero que "lo mataría si encontrara alguien a quien contratar" y "que tenía que pegarle dos tiros". Otro testimonio al que el jurado ha dado valor es el del guarda de La Juliana, que sostuvo que la acusada llegó a las tres de la tarde del día 15 de agosto y se marchó una hora después, pese a que no registró la visita. 

A estas pruebas se le añade el tráfico de llamadas perdidas del móvil del ejecutivo, que Natividad se llevó consigo y que dio a la Guardia Civil pistas sobre el recorrido de la víctima gracias a las antenas de telefonía, primero en su casa del centro de Sevilla y después en las inmediaciones del Hospital Virgen del Rocío, donde visitó a su madre, que se encontraba ingresada. 

Sin embargo, el jurado sí absolvió a la acusada del otro delito que se imputaba, el de allanamiento de morada. El tribunal considera probado que Natividad Cantero conservaba un juego de llaves del chalé en el que vivía su marido y que éste consentía su entrada en la vivienda. Incluso sabía que la acusada había estado en un par de ocasiones en la casa de La Juliana aprovechando alguna ausencia suya. 

El Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha mantenido su petición de 20 años de cárcel por asesinato y de un año y medio por la tenencia de armas, eliminando los delitos de allanamiento y revelación de secreto -este último ya fue retirado del objeto del veredicto-. 

Igualmente, la fiscal jefe pidió que se le prorrogue la prisión preventiva hasta el límite de la mitad de la pena impuesta para evitar que la acusada pueda salir en libertad en el caso de que pasaran cuatro años desde la detención y no hubiera todavía una sentencia firme. Además, el Ministerio Público solicitó una indemnización para cada uno de los dos hijos de la pareja de 120.000 y 80.000 euros. 

La acusación particular, ejercida por la abogada Esperanza Lozano, mantuvo la petición por asesinato y elevó hasta dos años la pena por la tenencia de armas. Por su parte, el letrado de la defensa, Manuel Castaño, aseguró que respeta el veredicto pero que no está de acuerdo con él, por lo que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una vez que la sentencia sea firme. 

El jurado también se mostró desfavorable a cualquier petición de indulto hacia la acusada o de suspensión de la pena.