Conforme se conocen detalles de lo que fue la administración judicial del Betis, con José Antonio Bosch a la cabeza, e incluso la concursal se pueden ir atando cabos del entramado -algunos incluso lo llaman contubernio- judicial que está rodeando desde hace unos años a la centenaria entidad verdiblanca.

Puede resultar frívolo así escribirlo, pero una vez denunciados los métodos que acarrearon la salida de Bosch del Betis (negocios de su despacho con empresas vinculadas al club, apuestas...), hace tiempo ya que se conoce que la Hacienda pública ha investigado a dos de los administradores consursales del Betis por un presunto fraude fiscal. Antonio Jesús González Díaz y Gerardo Narbona declararon los honorarios percibidos por su trabajo en el Betis como personas jurídicas, es decir, a través de empresas, en lugar de como personas físicas, que es como fueron designados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla. En el caso del primero, hay indicios a través de empresas relacionadas de que el único objetivo podría haber sido evadir impuestos. Sólo Francisco Tato, el tercero de los administradores, habría presentado una liquidación regular a la Agencia Tributaria, aunque consintió alguna actuación, en la que está implicado el Betis, que también ha sido denunciada y está siendo investigada.

El caso está desde hace meses en el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, pero la titular del mismo, Silvia Soto, aún no se ha pronunciado. Los demandantes son dos acreedores del club que en su día fueron trabajadores y despedidos.

Los administradores concursales del Betis, como ya informó este diario en su día con el consiguiente revuelo, recibieron por barba 486.841,66 euros por su trabajo, pero lo más curioso es que antes de ello, a los dos meses del nombramiento, se constituyó una empresa, Ingrávidos Servicios Gastronómicos, SL, que le facturaría 30.000 euros al Betis y de la que luego se demostraría tuvo relación con otra, Integra Servicios Jurídicos, SLP, de la que Antonio Jesús González Díaz es administrador único.

El resumen es sencillo: los otros dos concursales se negaron a pagar la factura de 30.000 euros por unos servicios de catering a la citada Ingrávidos y el club lo compensó otorgándole la exclusividad para la venta del equipamiento deportivo antiguo llamado Retrobetis.

Lo que investigaría ya incluso Hacienda, a expensas de ver si se pronuncia el juzgado número 15, es la relación entre Ingrávidos e Integra, ya que aquélla emitió una factura de 385.000 euros a ésta que Antonio Jesús González supuestamente desgravó. Es decir, pagó 6.115,12 euros de impuesto de sociedades en 2012 y, según los denunciantes, habría dejado de tributar 203.521,59 euros por los honorarios recibidos del Betis, ya que, amén de no ser legal que declarase como persona jurídica y no física, arroja ciertas dudas que en un período de menos de un año Integra, cuya actividad se centra en actividades relacionadas con la prestación de servicios jurídicos profesionales propios de la abogacía, presentase una factura de 385.000 euros de Ingrávidos por servicios de catering. Ítem más: Integra tuvo un solo trabajador en 2012 durante tres meses y se utiliza únicamente a Antonio Jesús González Díaz para facturar ¿385.000 euros?

Gerardo Narbona, que también utilizó una empresa, Gap Consultores, para sus devengos, también está siendo investigado. Éste y el primero están acusados de delito contra la Hacienda Pública, estafa procesal y falsedad documental, delitos, los dos últimos, que podrían también alcanzar a Tato si hubiese tenido conocimiento del material que el Betis proporcionó a Ingrávidos.