El nombramiento de Francisco Estepa como administrador judicial del Betis está de momento en cuarentena por su presunta ilegalidad, según han denunciado algunos de los procesados en las diversas ramificaciones del caso Lopera en la Audiencia Provincial hace escasas fechas.

El cordobés Estepa, abogado de profesión y con un despacho en la capital califal, entabló amistad con el marido de la juez Mercedes Alaya a raíz del concurso de los laboratorios Pérez Giménez, en el que ambos fueron administradores concursales. Luego, el 20 de enero de 2014, la juez designó a éste administrador judicial del Betis, lo que despertó el recelo de algunos de los procesados, que ya se habían quejado en su día por los nombramientos de Rafael Gordillo, Luis Huidobro y Juan Manuel Gómez Porrúa, realizados de manera arbitraria, sin ser sometidos a procedimiento penal ni procesal alguno, y por consejo de abogados del entorno verdiblanco a los que conocía Alaya por el propio desempeño de la profesión. Del mismo modo, a dedo, fue designado José Antonio Bosch para relevar a Gómez Porrúa, fallecido súbitamente poco después de ser designado.

Así, ante la polémica por estos nombramientos, sobre todo porque los abogados de Manuel Ruiz de Lopera y otros entienden que tras ellos se situaban miembros de alguna de las plataformas demandantes, en el caso de Estepa Alaya lo hizo en base al artículo 605 de la Ley de enjuiciamiento criminal, que, paradójicamente, había sido derogado por la Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial. Ésta entró en vigor el 4 de mayo de 2010, día en que perdió vigencia el citado artículo 605 que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla utilizó para introducir en el Betis a un abogado de Córdoba sin relación anterior alguna con el fútbol .

Así, la parte que se considera afectada presentó hace unos días el correspondiente recurso ante la Audiencia Provincial solicitando la remoción del actual administrador judicial del Betis o, en su caso, el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el paquete accionarial que éste representa por mandato judicial.