El informe pericial que desde el Martes Santo obra en poder del Juzgado Mercantil número 1 de Sevilla resulta demoledor respecto a las actuaciones del consejo de administración del Betis durante el período en el que la intervención judicial recayó en José Antonio Bosch.

Elaborada por el economista y auditor de cuentas Julio César Calvo Malvar, a instancias de Luis Oliver, la pericial que faltaba para que el juicio sobre la culpabilidad del concurso quede visto para sentencia está ya en manos del titular de ese juzgado, Eduardo Gómez López.

Básicamente, el informe trata de desmantelar la responsabilidad social que se le pide a los integrantes del consejo de administración cuya cabeza visible era Oliver por 1.318.231,60 euros, principalmente por el uso de empresas e intermediarios supuestamente ligadas a él y el pago de comisiones en los traspasos de Mehmet Aurelio (Besiktas) y Sergio García (Zaragoza). Amén de exponer sus argumentos de defensa, Calvo Malvar realiza una analogía entre la gestión de Oliver y la de Bosch y Miguel Guillén, principalmente, con el agravante de que en alguna operación intervienen los propios administradores concursales.

Dada la extensión del mismo, el resumen sería que el consejo judicial paga cuatro veces más dinero por rescisiones de contrato que el de Oliver, algunas sospechosas, y que utiliza intermediarios que nada tienen que ver con el fútbol, interpone empresas y sociedades vacías de contenido económico que, además, operan algunas en paraísos fiscales y otras no tienen empleados, paga comisiones sin que los percibidores presenten contratos ni facturas...

El Betis de Lopera y Oliver paga en 2010 por las nueve bajas de futbolistas que realiza 1.874.512 euros. Se trata de Caffa, Damià, Dani, Ilic, Melli, Mehmet Aurelio, Óscar López, Sergio García y Rivas, y percibe 6,2 millones de euros por Ilic (FC Moscú) y Sergio García, traspasados. Mientras, el consejo judicial en 2011 paga 6.894.266 euros por la rescisión de un jugador menos, ocho. Arzu, Emaná, Juande, Pavone, Ricardo, Rodri, Tosic y Fernando Vega son sus nombres. El camerunés deja 4,2 millones de euros en las arcas verdiblancas. Para Calvo Malvar, los intermediarios, bien usados, pueden "ahorrar" dinero a los clubes.

El caso del guardameta Ricardo es, según la pericial, sangrante. Mientras el escrito de calificación de los administradores concursales dice que en su baja no intervino intermediario alguno, las actas del consejo de administración lo contradicen. Además, la baja, por importe global de 1,9 millones de euros se concede el 11 de enero de 2011, tres días antes de la declaración del concurso de acreedores, que conlleva unas quitas por el 50%. Ítem más: se acuerda que el futbolista se haga cargo de la deuda del Betis con la empresa de su contrato de imagen (295.803 euros) y luego el escrito de los concursales le reconoce a esta empresa un crédito por ese valor. Inexplicable.

En las salidas de Emaná y las contrataciones o renovaciones de contrato de Nosa, Perquis, Braian Rodríguez, Vadillo, Adrián y Fabricio hay un coste para el Betis en comisiones de 542.750 euros y en la mayoría de ellas interviene un segundo comisionista diferente al representante del futbolista.

Además, el dinero por las operaciones de Emaná y Nosa fue devengado por la sociedad Anglohaven Securities Limited, irlandesa con matriz chipriota y representada por un agente FIFA residente en Gibraltar que trabaja habitualmente con el Sevilla Fútbol Club. Se trata de una empresa vacía de contenido cuyo capital en la fecha de las operaciones era de 1.407 euros, según la documentación aportada por la pericial de Calvo Malvar.

La comisión por el fichaje de Perquis, procedente del Sochaux, que ascendió a 120.000 euros se pagó de forma un tanto sui géneris, ya que la cuarta parte fue para el representante del futbolista y el resto, 90.000 euros, fueron a parar a la sociedad francesa 4Play Management, prácticamente vacía de contenido igualmente y que presenta como única actividad cobrar ese dinero procedente del Betis.

Paralelamente, el presidente de la sociedad, Boris Laval, según las investigaciones del perito, no tiene otra profesión ni vinculación con el mundo del fútbol más que la de facturar al club verdiblanco. Calvo Malvar concluye en este caso que "de nuevo estamos ante una sociedad pantalla para comisionar".

La comisión por la contratación de Braian Rodríguez, de 180.000 euros, se devenga a favor de una empresa holandesa, United Sport & Management BV, sin actividad conocida, y con sede en una compañía que regenta un centro de negocios en Ámsterdam, entre cuyas actividades se cuenta la canalización de inversiones a Anguilla, Barbados, Curaçao, Chipre y Luxemburgo. A Braian, empero, lo representa la argentina Squadra, sin relación con la anterior.

Ítem más: los medios de comunicación informaron en su día (el Betis no aporta datos) del fichaje de Braian por 1.000.000 de euros (el 50% del pase), cuando un año antes Huachipato lo había firmado por sólo 100.000 euros. El club chileno, según sus cuentas, públicas en internet, sólo ha recibido la tercera parte de ese millón.

En el caso de las comisiones pagadas por los nuevos contratos de Vadillo y Adrián se devengan dos facturas con un mero presupuesto. Y en el caso de Fabricio se hace mediante una factura proforma. Las empresas que intervienen como comisionistas, Más fútbol SL, Bakers Sports SL y Emart&Soccer SL, al menos sí están directamente relacionadas con los representantes de los futbolistas en cuestión.

Otro asunto es la comisión que acuerda el Betis con el representante de Rennella, 78.000 euros, que van a parar a la sociedad Avendi5 SL, la cual no tiene trabajadores según la base de datos mercantil Sabi, ya que el perito no tiene acceso a la base propia de la Seguridad Social.

También recuerda los 1,3 millones de euros que se pierden en la cesión de Leo Baptistao, cedido ahora gratis al Rayo, operación en la que participa el representante de Juan Carlos Garrido.

Igualmente, defiende el perito que se solicite el IVA de las comisiones pagadas en los casos de Sergio García (500.000 euros) y Mehmet Aurelio (300.000), por parte de su contratante, Luis Oliver. "Ningún sentido tiene que en la reclamación pretendida fraududulenta se reclame el IVA de las facturas cuando las cuentas anuales del Betis, en las comisiones de 800.000 euros de las que el presente informe trae causa, se dedujo dicho IVA", reza textualmente el escrito que desde hace una semana obra en poder del Juzgado Mercantil número 1 de Sevilla.

Corolario: en esa famosa pericial que faltaba para cerrar el caso y determinar la culpabilidad o no del concurso, Luis Oliver se defiende atacando duramente a Bosch, Guillén y el resto de administradores de esa etapa, auspiciada por la juez instructora Mercedes Alaya. Ahora, será Eduardo Gómez López quien deba juzgar en qué casos (Oliver-Bosch) existen irregularidades y cuáles son más lesivas económicamente para el Betis.