Las presiones de Luis Oliver, como se ha venido comentando en los últimos días, han sido constantes hasta ultimísima hora. El navarro trató por todos los medios de que la Junta General Extraordinaria no se pudiese celebrar y la última maniobra fue tratar de que el presidente designado por el Juzgado Número 1 de lo Mercantil no se presentase hoy a cumplir con la tarea que le fue encomendada.

Antonio Jesús González Díaz fue conminado a que presentase su renuncia ante el juzgado y las presiones en este sentido han sido terribles y constantes, toda vez que si éste llega a ceder la Asamblea hubiese tenido que ser suspendida y postergada en su fecha, con el consiguiente caos, sobre todo si como se pretendía lo hubiese hecho esta misma mañana, lo que hubiese provocado la presencia de numerosos accionistas en el hotel Al Andalus de no haber trascendido la noticia.

Según comentaba un accionista en los salones del hotel antes de entrar a la Junta, los propietarios del bufete Albiñana & Suárez de Lezo estarían muy vinculados a Mario Conde. Esta fuente llegó a afirmar incluso que una de las dueñas era familiar del empresario amigo de Oliver y que en los últimos días se ha destapado también como uno de los presuntos salvadores del Betis.

El caso, y este dato sí está confirmado, es que el presidente de la Junta verdiblanca ha dejado su trabajo en el afamado bufete de la Avenida de la Constitución, que no es más que una extensión del existente en Madrid con el mismo nombre. No es seguro que ya haya firmado su desvinculación, pero de no ser así lo hará en los próximo días. Por lo que se comenta, no es más que la consecuencia de no acceder a las presiones.

Hay que destacar que Antonio Jesús González Díaz es bético de nacimiento y que esa condición fue una de las razones por las que el titular del Número 1 de lo Mercantil, Eduardo Gómez López, nombró a este joven abogado que le ha hecho un servicio impagable al club de sus amores, renunciando incluso a su trabajo.

Ítem más, según las mismas fuentes, es decir accionistas de toda índole, la secretaria de la Junta, Carmen Zambrano, también dimitió de su trabajo en el bufete en solidaridad con su compañero de faena. La integridad y honradez de esta pareja adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que, seguramente, Oliver y su gente le habían prometido también que se encargaran de dar forma al concurso de acreedores, trabajo sencillo pero por el que un abogado puede cobrar hasta un millón de euros.